La Audiencia Provincial de Murcia ha generado una gran controversia al suspender las penas de prisión para varios empresarios condenados por su implicación en casos de corrupción y prostitución de menores. Esta decisión ha provocado indignación en la sociedad murciana y a nivel nacional.
Suspensión de Penas para Empresarios Condenados
Ya es evidente que ninguno de los empresarios condenados tras reconocer que pagaron a menores por tener sexo pisará finalmente la cárcel. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha suspendido la pena de entrada en prisión impuesta a cuatro de los siete empresarios que fueron condenados el pasado 11 de septiembre por prostitución tras reconocer haber tenido sexo con menores de edad a cambio de dinero. La Audiencia Provincial otorgó este martes la suspensión de la pena de prisión a otro cliente de esta trama de prostitución de adolescentes que en las últimas semanas ha movilizado a la sociedad murciana -y nacional-, después de una primera vista en la que ya otros cuatro de estos procesados lograron eludir el encierro.
Así lo ha notificado la Sala 'in voce' a los condenados en la vista que ha tenido lugar este lunes, en el Palacio de Justicia de Murcia, para examinar la petición de las defensas de suspender las penas de prisión. La Sala debe aún pronunciarse sobre el posible ingreso en prisión de las tres 'mamis' y no ha avanzado si lo hará por escrito o en la vista que aún tiene pendiente el próximo lunes para abordar la suspensión de la pena del último de los procesados: Walter Jovanny Domínguez.
Casos Específicos
Es el caso de Juan Peque, que había sido condenado a un año de cárcel tras asumir que tuvo contacto con dos adolescentes. Antonio Morales, otro de los empresarios condenados a diez meses de prisión por el contacto sexual con dos menores, también eludirá la cárcel. La Sala ya suspendió la pena de cárcel de este procesado, de más de 90 años y que camina con un andador, a mediados de septiembre. Los magistrados tendrán todavía que pronunciarse sobre el caso de Juan Martínez, que no acudió este martes a la vista.
La resolución de esta parte del caso, que queda lejos de las exigencias de mano dura que se vocean en la calle, ya se dejaba entrever este lunes cuando los magistrados de la Sección Tercera decidieron conceder ese 'perdón' al principal acusado, Juan Castejón, que soporta la pena más elevada al haber tenido sexo con hasta cinco de las once víctimas.
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No obstante, el fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, se ha opuesto a la suspensión de la pena en el caso del condenado que acumulaba una mayor pena -de 25 meses de prisión-, J.C.A.; así como en el caso de una de las 'madammes', R.D.T.; y en el caso de uno de los 'taxistas' que transportaba a las menores hasta los clientes.
En cambio, el fiscal sí ha apoyado la suspensión de la pena de entrada en prisión para otros tres empresarios que estaban condenados a cinco, seis y diez meses de cárcel, respectivamente, por delitos de prostitución de menores. Cabe recordar que a uno de los 13 condenados, de 90 años, ya se le suspendió la pena. Así pues, quedan por declarar otros seis condenados, cinco de los cuales han sido citados este martes, 8 de octubre, y el último comparecerá el 14 de octubre.
En el caso del condenado J.C.A., que acumula una mayor pena de prisión, el fiscal se ha opuesto a la suspensión de la entrada en la cárcel "por los múltiples delitos" que cometió -un total de cinco- al entender que la "reiteración de los hechos" no le hacen beneficiario de esa medida. En este caso, el Fiscal ha transmitido al abogado defensor de J.C.A. que, en su opinión, esa reiteración de los hechos "merece una responsabilidad penal".
"Niego que alguien se declare culpable en aras de obtener un mejor beneficio cuando fuere inocente", ha señalado el fiscal. "No creo que haya un letrado, ni mucho menos tan avezado" como el de J.C.A. que "aconseje a nadie que, aunque no lo haya hecho, asuma esa autoría". "Si J.C.A. asumió los hechos, fue libremente", ha apostillado el representante del Ministerio Público, quien ha señalado que, si este proceso judicial ha sido una "travesía en el desierto" para el acusado, "imagínese para las víctimas".
Condiciones para la Suspensión de la Pena
La Sala ha brindado a J.C.A. la oportunidad de pronunciarse para demostrar que está integrado en la sociedad. "Tengo varias empresas y las presido todavía; yo estoy reinsertado", ha defendido el procesado, quien también ha recordado que tuvo un ictus y que lleva marcapasos. En este sentido, la Sala ha decidido conceder a J.C.A. la suspensión de pena de forma provisional con base en lo recogido en el Código Penal, porque en el proceso se ha cometido dilaciones indebidas, entre otras cosas.
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Así, ha tenido en cuenta que la pena acumulada por el procesado no supera los dos años de prisión. En cualquier caso, la Sala sí ha condicionado esta suspensión de pena al hecho de que J.C.A. cumpla una serie de requisitos como, por ejemplo, la prohibición de aproximarse a las cinco víctimas o comunicarse con ellas durante cuatro años; así como que no cometa ningún delito en esos cuatro años; y que siga un programa de conductual de reeducación sexual.
En el caso de M.D.T., el fiscal se ha opuesto a la suspensión "porque es una pena de un año y tres meses de cárcel y porque forma parte del organigrama" de la organización, tal y como ha añadido. Cuando la Sala le ha dado la palabra, M.D.T. ha alegado que tiene "familia" y "trabajo", al tiempo que está "adaptado a la sociedad".
La Sala ha suspendido el ingreso en prisión porque la pena de cárcel era inferior a dos años. No obstante, ha condicionado esta decisión a que el condenado cumpla una serie de requisitos como, por ejemplo, que no cometa nuevos delitos durante un plazo de tres años; que se mantenga alejado, al menos, a 500 metros de las víctimas durante ese mismo periodo; y que siga un programa de reeducación conductual en materia de sexualidad.
Puesto que el fiscal ha anunciado que recurrirá esta decisión, la Sala ha reconocido que no puede declarar el fallo firme. El fiscal sí se ha mostrado conforme con la suspensión de la pena a otros tres condenados, como son J.A.A.L., que había sido condenado a seis meses de cárcel; A.G.P. que fue condenado a un total de diez meses de prisión; y J.J.A., que había sido condenado a seis meses de cárcel.
En todos estos casos, el fallo sí ha sido declarado firme al contar con la conformidad del fiscal, los letrados de la defensa y de los propios condenados. No obstante, se ha condicionado igualmente la suspensión a que los condenados no cometan nuevos delitos; se mantengan alejados de las víctimas; y que sigan el programa de reeducación conductual en materia de sexualidad.
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Cuando la Sala ha dado la palabra a uno de estos condenados, A.G.P., ha esgrimido que tiene 81 años y que su mujer padece alzhéimer.
Reacciones y Manifestaciones
La decisión de los jueces ha sido duramente criticada en la calle, pero curiosamente responde a la petición que realizaron casi la mitad de las víctimas de esta red. Cinco de las once afectadas reclamaron expresamente a los magistrados que no mandasen a los condenados a prisión y que les concediesen una segunda oportunidad. La magistrada Concepción Roig explicó que estas chicas, «que han sufrido enormemente», pusieron el énfasis en la importancia que para ellas tenía que los procesados reflexionasen sobre sus actos y no volvieran a repetirlos.
El juez que instruye el caso contra la trama de empresarios y proxenetas, acusados de crear una red de prostitución de menoresen 2014 en Murcia, ha ordenado la suspensión de las penas de cuatro de los agresores sexuales, que no entrarán en prisión. El magistrado ha tomado esta decisión a pesar de las manifestaciones convocadas por los vecinos y la indignación vecinal.
Durante la sesión de este lunes, Juan Castejón Ardid, empresario alicantino y principal condenado por cinco delitos de prostitución y corrupción de menores, ha manifestado su arrepentimiento ante el juez. También lo ha hecho el empresario de Lorca Antonio Pelegrín, acusado de dos delitos de prostitución y corrupción de menores, quien ha testificado que "en la vida hay momentos que no deberían pasar ni existir". "Me arrepiento, me arrepiento de todo", manifestaba José Antonio Arce, otro de los implicados.
El único de los imputados que no ha pedido perdón ha sido José Jara Albero, sobre el que pesaba la acusación de un delito de prostitución y corrupción de menores. De hecho, a la salida del juzgado se ha mostrado hostil con las cámaras: "No borréis nada".
El fiscal ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, confía en que "estas personas acaben en la cárcel, que es donde deben estar". Sin embargo, y por el momento, la Audiencia Provincial de Murcia ha decretado que los cuatro empresarios no puedan cometer ningún otro delito adicional en los próximos cuatro años, cursar un programa de reeducación sexual y no acercarse a las víctimas.
“¿Qué pasa con la ley en Murcia? ¿Y con los empresarios y los jueces?”, se ha preguntado en voz alta una de las manifestantes que ha acudido a una nueva concentración convocada este martes a las 20.00h por colectivos feministas frente al Palacio de Justicia de Murcia para denunciar la sentencia de la red de corrupción de menores por la cual se han librado de ir a prisión tanto los violadores de las adolescentes de 14 a 17 años, como las proxenetas que las buscaban en los colegios o discotecas light.
“¡Puteros a la cárcel!”, “¡Las niñas no se tocan!” y “¡Vergüenza!” han sido algunos de los lemas coreados por el más de centenar de personas reunido de nuevo en círculo frente a la Audiencia Provincial de Murcia. La 'operación baúl' detuvo hace diez años hasta 29 hombres de entre 30 y 86 años. Finalmente, se ha condenado a siete de ellos “de forma independiente y no como una trama de proxenetas”, han denunciado durante la lectura del manifiesto.
Allí se han leído en voz alta los nombres de los siete empresarios condenados al grito de “¡Guillotina!”.
“A corto plazo no tenemos grandes esperanzas porque sabemos que es una sentencia firme que no puede ser revertida, pero esperamos que en esa última vista se puedan ajusta alguna de esas penas observando lo que está pasando en la calle”, ha esgrimido Marta Latorre, portavoz del colectivo Fuste, mientras sostenía una de las pancartas. “Nos parece también positivo que el fiscal superior de la Región de Murcia, [José Luis Díaz Manzanera], abriera el curso judicial con una alusión clarísima a este caso, con lo que no es solo el corto plazo, sino también es advertir sobre estos acuerdos de conformidad no se puedan seguir produciendo para este tipo de procesos, a que atenuantes como los de la dilación indebida no puedan ser aplicados en casos tan sensibles como los de explotación sexual”.
Ramona López, integrante del Fórum de Política Feminista de la Región, ha afirmado que “la sentencia es un disparate para la sociedad murciana. Estos hombres no pueden quedar en libertad pagando una multa de 500 ó 1.000 euros a las víctimas, unas pobres criaturas que no pueden ni salir a la calle, ni reconocerse a sí mismas. Las madres les tienen que ocultar que estos tíos salen en libertad.
En este caso de la red de explotación a menores se aplicó el atenuante de dilación indebida muy cualificada, lo que hizo que penas que en principio oscilaban entre los 24 a 56 años de cárcel acabasen siendo de cinco meses a dos años.
El fiscal superior de la Región, José Luis Manzanera, manifestó en la apertura de curso judicial que el transcurso del tiempo no puede comportar la extinción, “ni siquiera en parte, de la culpabilidad, salvo que se dé la prescripción del delito. Al mismo tiempo, Manzanera denunció “una permanente falta de medios personales” en el órgano de justicia.
Para que se limitasen los pactos, el fiscal recuerda que sería necesaria “una reforma legal”: “Se hace necesaria una reforma de la ley 4/15, de 27 de abril, que regula el estatuto de la víctima del delito, para que proteja mejor a los más vulnerables, que limite en estos casos las conformidades y rebajas de penas, y que obligue a dar audiencia a las víctimas”.
El Caso de Juan Castejón Ardid
Catorce y quince años. Esa era la edad que tenían dos de las menores víctimas de la trama de prostitución infantil que ha sacudido a la opinión pública murciana cuando las recogieron en las inmediaciones de su colegio de Murcia para ser trasladadas ante Juan Castejón Ardid: expresidente y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), exvicepresidente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM) y empresario que en aquellas fechas cumpliría los 64 años.
Castejón también abusó de otra niña que, con 15 años, publicó una oferta para trabajar de cuidadora en milanuncios.es y recibió la respuesta de una de las ‘madames’ condenadas por la trama. Esta mujer, que hacía de intermediaria entre víctimas y clientes, le argumentó a la menor para convencerla que «no pasaba nada» cuando esta le intentaba explicar que solo tenía 15 años y era virgen.
Las cortas edades de las víctimas menores no solo no disuadían a Castejón. Al contrario: ‘El Petrolero’ era «uno de los clientes que pedía siempre que fueran menores».Razón por la que a su cuarta víctima, que ya contaba con 17 años, la misma ‘madame’ le pedía que dijera que «tenía 15 o 16 años, ya que a los clientes esto les daba más morbo», tal y como han reconocido los condenados en la Audiencia Provincial para llegar a un acuerdo de conformidad.
A diferencia de la quinta víctima, también menor, y que fue captada mientras «pasaba por un momento de dificultades económicas, lo que le hacía más fácil que pudiera ceder», Castejón era por aquel entonces un destacado -y pudiente- miembro de la patronal cartagenera. También era presidente, consejero delegado y consejero de tres empresas: Pradem S.A. (hasta agosto de 2015), Promociones Sierra Minera (hasta agosto de 2018) y Eslabon Inmobiliaria (hasta agosto de 2018).
Pero no fue hasta febrero de 2015 cuando, empujado por el Comité de Ética y Buenas Prácticas de la patronal murciana CROEM tras conocer su imputación, Castejón dimitió a regañadientes por sus vínculos con la trama de prostitución de menores mientras seguía defendiendo su inocencia delante del resto de empresarios.
Casi diez años después, Castejón ha salido a pecho descubierto, sonriente y con la cabeza bien alta del Juzgado de Murcia tras ser condenado por cinco delitos de prostitución de menores.
Juan Castejón, a su salida de la Audiencia Provincial de Murcia tras reconocer los hechos, pisaba la calle con alivio, sabiendo que no iba a entrar en prisión. Así lo decidió el juez en una sentencia que ha encendido a la sociedad murciana y que lo ha condenado a cinco meses de cárcel y 2.000 euros de multa por cada víctima después de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía -que pedía antes de la vista del pasado miércoles entre 4 y 24 años de prisión para los empresarios, según el número de delitos- y obtener la reducción de las condenas por «dilaciones indebidas».
Junto a Castejón han sido condenados seis hombres más: José Antonio Arce López (70 años, Beniaján), Juan Peque Álvarez (72 años, León), José Jara Albero (68 años, Alicante), Antonio Giménez Pelegrín (81 años, Lorca), Antonio Morales Nicolás (92 años, Murcia) y Juan Martínez Fernández (73, Murcia).
Este último, Martínez Fernández, trabajó como enterrador en Alhama de Murcia y Totana y es un destacado miembro de la comunidad de este último municipio, donde ha recibido varios homenajes por su participación en la Semana Santa de la localidad o por sus logros académicos. Su pena también ha sido rebajada y ha sido condenado por un delito de prostitución de menores a cinco meses de cárcel (que, como el resto de acusados, no pisará) y a pagar 1.000 euros a su víctima.
El Atenuante de Dilaciones Indebidas
«La gente se ha echado a la calle con la reforma de la ‘Ley del solo sí es sí’ porque iban a soltar decenas de violadores, pero en España sucede algo así cada día en todos los juzgados penales: el atenuante de dilaciones indebidas. Eso significa que por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, un altísimo porcentaje de condenados no entran a la cárcel, pese a ser culpables», esta es la lectura que hace el abogado penalista y doctor en derecho Antonio Casado Mena sobre la sentencia a los siete proxenetas acusados de tener relaciones sexuales con menores de edad a cambio de dinero.
Las dilaciones indebidas que han evitado la entrada en prisión de los siete condenados por el caso de prostitución infantil -que el Fiscal Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera ya está estudiando debatir en una Junta de Fiscalía- ha provocado un intenso debate en la sociedad murciana. Este atenuante, que explica el por qué de unas condenas tan bajas como polémicas, consiste en una reducción que se aplica cuando los procesos judiciales se alargan mucho, y puede provocar que se bajen las penas hasta dos grados si las dilaciones indebidas son muy cualificadas.
Para Casado Mena, aunque la defensa haya jugado muy bien sus cartas, la reducción de las condenas es culpa de que la Justicia se retrase «por falta de medios», por lo que «hay un claro culpable: el mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Eso no puede ser.
Otros Casos de Corrupción en Murcia
Diez años después de que se empezara a investigar la 'Púnica', uno de los casos de corrupción más destacados del país en las últimas décadas, la Audiencia Nacional ha declarado este lunes culpables de la trama que afectó a la Región de Murcia a los principales investigados: el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE) y su antiguo socio Alejandro de Pedro, la que fuera directora del Instituto de Turismo de la Región Mariola Martínez Robles y el antiguo consejero murciano de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz (PP) y su jefe de gabinete, José Fidel Saura, según ha adelantado el diario La Verdad.
El antiguo primer edil cartagenero, la antigua directora del Instituto de Turismo de la Región, su secretario, el exconsejero murciano de Turismo y el que fuera su jefe de gabinete han recibido, además, siete años de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público por prevaricación administrativa. Los socios Alonso y De Pedro eran el vínculo con los cabecillas de la trama a nivel nacional, el empresario madrileño David Marjaliza y el 'número dos' de Esperanza Aguirre, Francisco Granados.
Ambos murcianos diseñaron una estrategia de negocio con la que ofrecía trabajos para la mejora de la reputación online pagados con fondos públicos, como fue el caso del exconsejero Ruiz. A pesar de que los representantes políticos se beneficiaban personalmente de estas labores, eran costeados con dinero público al firmarse contratos que simulaban otros servicios, como fue la promoción de la Región de Murcia en el extranjero.
El antiguo presidente murciano Pedro Antonio Sánchez (PP) fue condenado en marzo de 2023 a tres años de prisión al ser considerado autor de dos delitos de prevaricación, el primero continuado en concurso con uno de falsedad, en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad. Previamente, en julio de 2020 la Audiencia Nacional confirmó su sobreseimiento del 'caso Púnica'.
El antiguo jefe del Ejecutivo murciano también tiene otra causa abierta en los juzgados de Lorca durante la tramitación de la construcción de una guardería en el municipio lumbrerense. En este caso se le investiga por una presunta malversación de medio millón de euros y se enfrenta a 13 años de prisión.
Otro de los expresidentes de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), se enfrenta a 11 años de prisión por un presunto delito de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada en el 'caso La Sal' o Escombreras. El juicio está fechado para finales de 2027.
Tabla Resumen de las Decisiones Judiciales
| Nombre del Condenado | Delitos | Pena Inicial | ¿Entra en Prisión? | Condiciones para la Suspensión |
|---|---|---|---|---|
| Juan Castejón Ardid | 5 delitos de prostitución de menores | 5 meses de prisión por delito | No | No acercarse a víctimas, programa de reeducación, no delinquir en 4 años |
| José Antonio Arce López | Delito de prostitución de menores | Pena no especificada | No | No especificado |
| Juan Peque Álvarez | Contacto con dos adolescentes | 1 año de cárcel | No | No especificado |
| Antonio Giménez Pelegrín | Delito de prostitución de menores | Pena no especificada | No | No especificado |
| Antonio Morales Nicolás | Contacto sexual con dos menores | 10 meses de prisión | No | No especificado |
| Juan Martínez Fernández | Delito de prostitución de menores | 5 meses de cárcel | No | No especificado |
| J.A.A.L. | Delitos de prostitución de menores | 6 meses de cárcel | No | No cometer nuevos delitos, alejamiento de las víctimas, programa de reeducación |
| A.G.P. | Delitos de prostitución de menores | 10 meses de cárcel | No | No cometer nuevos delitos, alejamiento de las víctimas, programa de reeducación |
| J.J.A. | Delitos de prostitución de menores | 6 meses de cárcel | No | No cometer nuevos delitos, alejamiento de las víctimas, programa de reeducación |
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