El caso de pederastia en Murcia ha generado una intensa controversia y ha sacudido la opinión pública. En este caso se encuentran empresarios y otros individuos implicados en una red de explotación sexual de menores.
La Investigación y el Desmantelamiento de la Red
La investigación se inició en 2014 tras la desaparición de una menor, cuyos padres alertaron a la Policía debido a su inusual nivel de vida sin ingresos conocidos. En 2015, la Policía Nacional desmanteló una red de explotación que captaba a chicas de entre 14 y 17 años en colegios, discotecas o a través de anuncios en Internet. La menor fue localizada en un piso en Murcia junto con otras chicas, algunas de ellas también menores de edad, que estaban siendo explotadas sexualmente.
Las menores eran llevadas a pisos de alterne o a domicilios privados en Murcia y sus alrededores, donde eran explotadas sexualmente por entre 80 y 200 euros. Los proxenetas crearon toda una red de explotación donde exigían a las menores imágenes que incluían en un catálogo.
Implicados en la Trama
Entre los procesados se encuentran empresarios, como J. C., promotor de viviendas y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, que abandonó el cargo cuando se destapó la trama. También están implicados los miembros de un bufete de abogados que pedían que les trajeran niñas al despacho. Todos los investigados sabían que las víctimas no habían alcanzado la mayoría de edad, según el escrito de acusación.
En la misma causa hay implicados otros seis acusados, que también han pactado con la Fiscalía para obtener penas menores. En total, habían sido condenadas por esta trama trece personas con diferentes penas. Doce de los trece implicados comparecieron entre ayer y hoy en la Audiencia para decidir sobre su situación personal. Entre los comparecientes se encuentran las "mamis", quienes se ocupaban de prostituir a las chicas.
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Se probó que ocho de ellos -aunque en el transcurso de la década que llevó la celebración del juicio un acusado falleció- eran conscientes de haber tenido sexo con menores. Entre los siete condenados que reconocieron su culpa en el acuerdo de conformidad al que llegó la Fiscalía con los abogados de la defensa el pasado septiembre hay varios empresarios, conserjes de colegio, camareros y enterradores, a menudo pendientes de lo que les ofrecían las proxenetas, cuatro de ellas condenadas.
Algunos de los individuos implicados incluyen:
- Juan Castejón Ardid: Expresidente y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), exvicepresidente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM) y empresario.
- José Antonio Arce López: Conserje en colegios públicos de Beniaján y Los Garres.
- Juan Peque Álvarez: Camarero.
- José Jara Albero: Considerado también como "captador" en la trama.
- Antonio Giménez Pelegrín: Promotor inmobiliario.
- Antonio Morales Nicolás: Subteniente jubilado de la Guardia Civil.
- Juan Martínez Fernández: Trabajó como enterrador en Alhama de Murcia y Totana.
Las Condenas y el Acuerdo con la Fiscalía
Han reconocido ante la justicia haber pagado a menores de edad explotadas sexualmente y se enfrentaban a penas de prisión de entre 24 a 56 años como máximo -si bien la Fiscalía había pedido siete años de prisión para los responsables de la red y cuatro años para cada uno de los clientes-, pero un acuerdo entre las defensas y la Fiscalía ha reducido las penas a cinco meses de cárcel tras el pacto. Con la reducción a cinco meses, los empresarios no entrarán en prisión por no superar los dos años de condena, siempre que cumplan con el pago de la responsabilidad civil, como ha confirmado la Audiencia Provincial de Murcia tras el acuerdo con el que se evita el juicio, que estaba previsto para este miércoles 11 de septiembre.
Y entre los argumentos para esta reducción de la condena está el atenuante de dilaciones indebidas: el juicio ha tardado diez años en celebrarse. Los seis empresarios condenados por la Audiencia Provincial de Murcia tras reconocer que prostituyeron a varias menores no ingresarán, al menos de momento, en la cárcel al haber sido suspendida su condena.
La Audiencia Provincial ha fijado dos nuevas sesiones, los días 7 y 8 de octubre, para valorar medidas alternativas a la entrada en prisión de los condenados, ya que el acuerdo alcanzado contempla la suspensión de las mismas al no haber ninguna pena superior a los dos años de prisión. Las penas son sustancialmente inferiores a las que había solicitado la Fiscalía en 2015, cuando se abrió el caso, que eran de 7 años por cada uno de los delitos cometidos para las proxenetas, de 6 por cada delito para los cooperadores necesarios, y de 4 por cada delito para los clientes.
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Los trece procesados (otros dos acusados han fallecido antes de que se celebrase hoy la vista) han reconocido los hechos de los que les acusaba la Fiscalía, que consideraba a Ruth Karina D.T, Nelly Paola .P. y Yesenia Mercedes B.C. como las principales responsables de esta trama, ya que eran las encargadas de captar a las menores.
Reacciones y Controversias
La sentencia sobre los proxenetas y agresores que pagaron para acceder a las menores víctimas de una red de explotación sexual en Murcia ha sacudido la opinión pública en todo el país, especialmente en la región, donde ya se han organizado cuatro grandes manifestaciones para mostrar el rechazo a la ínfima condena.
Para esta letrada, la sentencia representa "un ejemplo de justicia misógina, patriarcal y clasista". A su juicio, la dilación excesiva del proceso ha servido para beneficiar a los acusados, mientras que las víctimas, menores de edad en el momento de los hechos, "han sido ignoradas y desprotegidas a lo largo de los años", ha explicado en una conversación con Público. Esto envía un mensaje "peligroso y disuasorio" a futuras víctimas de violencia sexual, al percibir que la denuncia no conduce a una justicia efectiva, sino más bien a un proceso tortuoso que termina con condenas irrisorias.
La magistrada, no obstante, también ha señalado que la percepción pública puede ser negativa cuando la Justicia se muestra indulgente con ciertos perfiles de acusados, especialmente aquellos con poder económico y social. María del Prado Escoda Merino insiste en que, pese a estas limitaciones, los jueces han aplicado la ley vigente.
Tabla Resumen de Implicados y Condenas
| Nombre | Ocupación | Condena Inicial | Condena Final |
|---|---|---|---|
| Juan Castejón Ardid | Empresario | 20 años (estimado) | 25 meses (suspendida) |
| José Antonio Arce López | Conserje | Desconocida | 6 meses (suspendida) |
| Juan Peque Álvarez | Camarero | Desconocida | 5 meses (suspendida) |
| Antonio Giménez Pelegrín | Promotor Inmobiliario | Desconocida | 10 meses (suspendida) |
Nota: Las condenas finales están sujetas a cumplimiento de requisitos como no delinquir, alejamiento de las víctimas y participación en programas de reeducación sexual.
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