El caso de la trama de prostitución de menores destapada hace una década en Murcia ha culminado con la condena de 13 personas, gracias a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Los acusados han reconocido su participación en los hechos a cambio de una rebaja sustancial de las penas, lo que evitará que pisen la cárcel.
Así Funcionaba la Trama
La trama operaba captando adolescentes vulnerables en discotecas de menores, anuncios de trabajo e incluso en colegios. Los miembros de la red insistían hasta convencer a las jóvenes de que podrían ganar mucho dinero "dejándose acompañar y tocar" por "señores mayores". Finalmente, las prostituían en pisos, despachos y locales a los que las trasladaban en taxis piratas.
Los hechos se remontan a 2014, cuando Ruth Karina D.T, cabecilla de la trama; Nelly Paola .P. y Yesenia Mercedes B.C. captaron hasta a 10 chicas menores de edad, a las que repitieron y presionaron hasta convencerlas de que “podían ganar mucho dinero” manteniendo relaciones sexuales “con señores mayores, que pagaban bien”, según los hechos recogidos en el relato del fiscal que las tres han aceptado como ciertos.
A algunas de las chicas las conocieron en discotecas light, mientras que con otras tres contactaron en su centro escolar y, con una más, a través de un anuncio que la menor había puesto ofreciéndose como canguro. Una vez convencidas las adolescentes, las proxenetas mostraban sus fotos a hombres interesados en tener sexo con menores de edad.
Las menores eran prostituidas en domicilios particulares, despachos o locales a los que eran acompañadas por una intermediaria, Manuela P.P., que ha sido condenada a seis meses de prisión. Las llevaban hasta allí dos taxistas pirata, Walter Jhovany D. M, y Martín D.T., que también han sido condenados como cooperadores necesarios de delitos de prostitución de menores (seis delitos con condenas de dos años cada uno) y un año y tres meses respectivamente.
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Detalles de las Condenas
La fiscal, que ejercía la única acusación en este procedimiento, había solicitado inicialmente penas de 7 años de prisión por cada delito de prostitución de menores imputado a las captadoras. Estas penas fueron rebajadas a 2 años. Para los taxistas clandestinos, como cooperadores necesarios, se pedían inicialmente penas de seis años, que se redujeron a dos años y a un año y tres meses. Para los siete hombres que pagaron por tener sexo con las menores, las penas solicitadas inicialmente eran de cuatro años, pero se quedaron entre cinco y siete meses.
La única razón alegada durante la vista de conformidad para avalar esas rebajas ha sido la aplicación de la atenuante de "dilaciones indebidas" en el procedimiento, ya que las detenciones de los ahora condenados se produjeron en enero de 2015.
La sentencia, que se ha dictado in voce u oral, ya es firme. Aunque las sumas de las penas de las cabecillas de la trama, de uno de los taxistas y de uno de los clientes sí superan los dos años de prisión, plazo mínimo que fija la ley para pisar la cárcel si no se tienen antecedentes penales, como es el caso de los 13 condenados, ninguna de las condenas individuales está por encima de ese periodo, por lo que, según los abogados de las partes, previsiblemente quedarán en suspenso.
Todos los condenados tendrán que abonar, además, una indemnización a las víctimas, que oscila entre los 500 y los 2.000 euros (la petición inicial, que se ha rebajado era de 6.000).
Entre los condenados destaca el constructor Juan Castejón, que era vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) en 2014 así como de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) y de la Cámara de Comercio de Cartagena. A él se le acusó de haber tenido sexo con cinco menores y la Fiscalía pedía cuatro años de prisión por cada uno de los delitos. Tras su confesión, el tribunal le ha impuesto una condena a cinco meses de prisión por cada uno de los cinco delitos y la obligación de indemnizar a sus víctimas con entre 500 y 2.000 euros. El resto de acusados tuvieron relaciones con una o dos menores y ninguno entrará en prisión.
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El Proceso Judicial y sus Atenuantes
Después de diez años de investigación, apenas han estado unos minutos sentados en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia para escuchar del tribunal las penas que se recogen en el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y que les libra de la cárcel al admitir el delito de abuso de menores y con la atenuante de la dilación indebida de un proceso que se ha alargado durante diez años.
Estos empresarios -con edades entre 60 y 80 años y alto poder adquisitivo por su condición de constructores, abogados o médicos-, fueron detenidos junto a seis personas que captaban y organizaban la explotación de las menores y el proceso judicial se ha dilatado tanto que, además de haber fallecido otros dos detenidos, ha sido un elemento esencial junto a la confesión para rebajar las condenas.
Uno de los abogados de los acusados, José María Caballero, ha aclarado que esa conformidad alcanzada con la Fiscalía "está motivada por el muy largo periodo de tiempo de instrucción de la causa".
No era fácil para la trama encontrar chicas para ofrecer a unos clientes que les reclamaban novedades. Algunas de ellas huían ante el "asco y el miedo" que le provocaban los encuentros, a los que iban acompañadas por un chófer y una de las 'mamis', encargada de los cobros.
El 'caso Baúl' involucra a los conocidos como "empresarios", hombres bien posicionados, de intachable apariencia en sus entornos laborales y personales. "Farmacéuticos, investigadores del CSIC, empresarios que se dedican al comercio de fruta y verdura al por mayor, promotores inmobiliarios...", explica Elisa Reche, directora de 'eldiario.es' en Murcia.
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La periodista también señala en el vídeo sobre estas líneas que "estamos hablando siempre de señores muy mayores, que algunos de ellos en el momento en el que fueron investigados, tenían 85 años".
En total, siete hombres que acaban condenados, aunque ninguno pisará la cárcel. Ya es casi evidente que ninguno de los empresarios condenados tras reconocer que pagaron a menores por tener sexo pisará finalmente la cárcel.
Reacciones y Críticas a la Sentencia
La sentencia sobre los proxenetas y agresores que pagaron para acceder a las menores víctimas de una red de explotación sexual en Murcia ha sacudido la opinión pública en todo el país, especialmente en la región, donde ya se han organizado cuatro grandes manifestaciones para mostrar el rechazo a la ínfima condena.
El proceso judicial, que ha tardado más de una década en resolverse, ha terminado con condenas que muchas han tachado de insuficientes y que han generado una gran sensación de impunidad.
Altamira Gonzalo: "La sentencia envía un mensaje peligroso y disuasorio a futuras víctimas de violencia sexual". Esto envía un mensaje "peligroso y disuasorio" a futuras víctimas de violencia sexual, al percibir que la denuncia no conduce a una justicia efectiva, sino más bien a un proceso tortuoso que termina con condenas irrisorias.
En este sentido, la crítica no solo se dirige a las penas impuestas (que van desde unos pocos meses a dos años), sino también a la forma en que el sistema ignora el daño psicológico prolongado "que estas jóvenes han sufrido y que aún enfrentan, a pesar de que ahora sean mayores de edad".
El uso de los acuerdos de conformidad entre las partes involucradas es otro de los asuntos peliagudos, los cuales, según María del Prado Escoda Merino, magistrada en la Audiencia Provincial de Tarragona, Portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, "se ajustan, sin embargo, a la legalidad vigente".
La magistrada, no obstante, también ha señalado que la percepción pública puede ser negativa cuando la Justicia se muestra indulgente con ciertos perfiles de acusados, especialmente aquellos con poder económico y social. En este caso, la sentencia parece haber sido más severa con las personas que facilitaron el contacto entre los explotadores y las víctimas, que con los propios empresarios, colaboradores necesarios de esta situación de violencia.
Gonzalo subraya la necesidad de que el sistema judicial considere a las víctimas como el centro de estos procesos, garantizando que sus derechos sean prioritarios en todas las fases del juicio, desde la instrucción hasta la ejecución de la sentencia. "La condena no les garantiza nada de esto, es un fallo que olvida completamente a las víctimas", argumenta.
Ingreso en Prisión de Algunos Condenados
El TSJ de la Región de Murcia anunció este martes el ingreso en prisión de tres de los condenados en el caso de los empresarios que pagaban por sexo a menores. La Sección 3 de la Audiencia Provincial acuerda no conceder el beneficio de suspensión de las penas de seis años de prisión a Ruth D.T., Nelly C.P. Limite que no afecta a las penas de multa (4.300, 3.240 y 4.320 euros, respectivamente) y la medida de libertad vigilada por un tiempo total de cinco años, que los tres deberán cumplir íntegramente, además del pago de las indemnizaciones a las víctimas que ascienden a un total de 17.000 euros (que N.C.P. y W.D.M. ya han satisfecho, quedando pendiente la mayor parte de los 8.000 euros que R.D.T.
Ahora, el Tribunal les niega el beneficio de la suspensión de las penas de prisión que pedían sus defensas, al entender que no cumple con los requisitos exigidos en el art. Consideran en estos tres casos, por un lado, «que la especial naturaleza y gravedad de los hechos que dan lugar a los delitos aquí cometidos, la reiteración de conductas prolongadas en el tiempo y el número tan alto de víctimas, apuntan a un pronóstico claramente negativo de reiteración delictiva».
En las resoluciones los magistrados, además de la gravedad de los hechos, destacan el número de víctimas afectadas por sus acciones, seis y ocho, de un total de once víctimas, lo que supone que eran las personas con mayor capacidad de decisión dentro de la organización a la que pertenecían.
Entre dichas consecuencias, y sin personalizar, señalan «el miedo que aun sienten a que contacten con ellas, la afectación emocional que manifiestan al rememorar los hechos, el enorme esfuerzo que ha supuesto para ellas el volver a enfrentarse, diez años después, a unos recuerdos tan dolorosos y, en el caso más grave, la ayuda psicológica mantenida en el tiempo».
Por el contrario, en caso de Yesenia B.C., también condenada por la modalidad agravada de prostitución de menores, el Tribunal sí aplica el supuesto excepcional de suspensión, en contra de la petición del Ministerio Fiscal, al entender que la penada cumple con los requisitos exigidos por la legislación. Suspensión que también se acordó en el caso de Martín D.T.
Por otro lado, la Sección 3, de acuerdo con la petición realizada por sus defensas, y a la que la Fiscalía solo se opuso en un caso, ya suspendió la ejecución de las penas de prisión para el resto de los condenados por prostitución de menores cuya pena de prisión no superaba los dos años de prisión.
Según la sentencia, los siete condenados a los que les suspende provisionalmente la prisión, mantuvieron, «contactos de contenidos sexual» con jóvenes o adolescentes a cambio de precio, «a sabiendas de la minoría de edad de las chicas».
Tres de ellos están condenados por un contacto sexual con una menor (José Antonio A.L., José J.A. y J.M.F.), otros tres por dos encuentros (Juan P.A., Antonio G.P.
El Tribunal los condenó, el pasado día 11 de septiembre, a la vista del acuerdo alcanzado entre la fiscal y los acusados, a penas de prisión de 5, 10 y 15 meses, respectivamente.
La Audiencia, de acuerdo con la legislación penal, concede el beneficio de la suspensión de la ejecución de esas penas de prisión, al entender que en estos casos los penados cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 80.1 y 2 del Código Penal.
Antes de tomar esta decisión, en consonancia con lo establecido en el Estatuto de la víctima del delito, la Sala escuchó a las perjudicadas en audiencia reservada. En dicho momento, además de comunicarles la existencia de una indemnización a su favor (de 1.000 a 9.000 euros) y recabar los datos necesarios para hacérsela llegar, se les solicitó su parecer sobre las medidas o reglas de conducta previstas por la ley y sobre el resto de información relevante para resolver.
Tabla Resumen de Condenas
| Condenado | Delitos | Pena Inicial Solicitada | Pena Final | Indemnización |
|---|---|---|---|---|
| Ruth Karina D.T | 8 delitos de prostitución de menores | 7 años por delito | 2 años por delito | Entre 500 y 2.000 euros |
| Nelly Paola P. | 6 delitos de prostitución de menores | 7 años por delito | 2 años por delito | Entre 500 y 2.000 euros |
| Yesenia Mercedes B.C. | 3 delitos de prostitución de menores | 7 años por delito | 2 años por delito | Entre 500 y 2.000 euros |
| Walter Jhovany D. M. | 6 delitos como cooperador necesario | 6 años por delito | 2 años por delito | Entre 500 y 2.000 euros |
| Martín D.T. | Delito como cooperador necesario | 6 años | 1 año y 3 meses | Entre 500 y 2.000 euros |
| Juan Castejón | 5 delitos de prostitución de menores | 4 años por delito | 5 meses por delito | Entre 500 y 2.000 euros |
| Otros 6 empresarios | 1-2 delitos de prostitución de menores | 4 años por delito | 5-7 meses por delito | Entre 500 y 2.000 euros |
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