Las recientes reuniones entre empresarios, sindicatos y representantes gubernamentales han generado importantes noticias en el ámbito económico español. Estos encuentros abordan temas cruciales como la mejora de la infraestructura eléctrica, la reforma de la regulación del despido improcedente y las estrategias para combatir la despoblación.
Mejora Eléctrica en el Norte de Córdoba
La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, ha reunido a los agentes económicos y sociales de la ciudad y de la provincia para abordar la mejora eléctrica en el norte de Córdoba.
En ese encuentro con CECO, la Cámara de Comercio, y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la subdelegación transmitió que "se trata de un proyecto que está en periodo de audiencia", por lo que las entidades locales, comarcales y empresariales podrán plantear sus demandas energéticas y darles una oportunidad industrial y de desarrollo económico.
Sin embargo, también expresó que "la finalización del mallado de Córdoba va incluido en una planificación que queda por determinar a la espera de las propuestas energéticas de la zona" que van a quedar condicionadas "a la implantación de proyectos empresariales reales y maduros".
Reforma de la Regulación del Despido Improcedente
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha presidido la primera reunión de la mesa de diálogo social para negociar la reforma de la regulación actual del despido improcedente en España y adecuarla a la Carta Social Europea.
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El Ministerio ha dado tres semanas de plazo a los agentes sociales para que presenten sus propuestas, tal y como han confirmado Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT a la salida del encuentro. Ambos sindicatos han adelantado que su objetivo es plantear una propuesta unitaria para llevarla a la mesa de negociación.
Esta mesa forma parte de uno de los compromisos del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar y llega después de las denuncias que presentaron UGT y CC.OO. ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), en las que expusieron que la normativa española incumplía los derechos de los empleados recogidos en la Carta Social Europea.
Los sindicatos piden que las indemnizaciones por despido improcedente cubran los daños causados a la víctima por un despido injusto y que desincentiven al empresario a llevar a cabo este tipo de despidos. Así, defienden que estas "tienen que contemplar los daños morales y el perjuicio al trabajador".
Postura del Comité Europeo de Derechos Sociales
El CEDS condenó a España por "vulnerar" la Carta Social Europea con respecto a la indemnización por despido improcedente, que es de 33 días por año trabajado, como figura en la web de Trabajo. Este comité europeo lo considera insuficiente y cree que no disuade al empresario de seguir llevando a cabo esta práctica.
Así lo determinó en dos resoluciones, una de julio de 2024 y otra de junio de 2025, a raíz de las denuncias presentadas por UGT y CC.OO. por incumplir el artículo 24 de la Carta Social Europea, que hace referencia a la protección de los empleados en caso de despido.
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Las denuncias de ambos sindicatos ante el CEDS indicaban que el derecho español no permite a los trabajadores reclamar una indemnización vinculada al daño real sufrido en caso de despido improcedente, ni permite que esta sea "mínima, accesible y efectiva" para que tenga un efecto disuasorio.
En sus resoluciones condenando a España, el organismo europeo establecía que los límites máximos de indemnización fijados por la normativa española "no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario".
Con todo, UGT y CC.OO. instaron a Díaz a convocar una mesa de negociación para reformar la ley para que la indemnización por despido sin causa sea realmente disuasoria y repare el daño causado al trabajador, teniendo en cuenta sus circunstancias personales.
El vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha expresado tras la reunión que adoptar una normativa acorde con los mandatos internacionales es positivo para los trabajadores, pero también para las empresas, porque ahora se corre el riesgo de que no exista "seguridad jurídica" suficiente por la desigual interpretación que puede haber sobre los despidos en España.
Rechazo del Tribunal Supremo
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CC.OO., Javier Pacheco, ha mostrado su desacuerdo con la postura del Tribunal Supremo, que rechazó en una sentencia del pasado mes de julio que la indemnización pueda incrementarse por vía judicial con cuantías adicionales según las circunstancias de cada caso.
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Como defendía, esto no vulnera el artículo 10 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni el artículo 24 de la Carta Social Europea, ya que en ambos "solo se indica que la indemnización debe ser adecuada", según el Supremo.
Con todo, el Supremo defiende que la doctrina constitucional ha manifestado que la indemnización tasada de la legislación española "es una indemnización adecuada". Además, el Alto Tribunal concluye que las decisiones del CEDS "no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares", ya que "no es un órgano jurisdiccional ni sus resoluciones son sentencias", a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Así, el vicesecretario de Política Sindical de UGT y el secretario de Acción Sindical de CC.OO. han planteado aspectos para mejorar la actual normativa, no solo en cuestiones de inmunización, sino también en protección para los empleados que denuncian vulneración de la ley ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y en los casos en que se imponen advertencias sobre posibles casos de corrupción.
También han pedido acabar con situaciones discriminatorias, como situaciones de discapacidad sobrevenida.
Ayudas al Funcionamiento para Empresas en Teruel, Cuenca y Soria
Las organizaciones empresariales turolenses, junto a sus homólogas de Cuenca y Soria, reclamarán en la UE que España aplique el máximo porcentaje de las ayudas al funcionamiento tal como autorizó la Comisión Europea en 2021.
No dejarán por ello de seguir intentando que el Gobierno de España les escuche y comprenda que el futuro de esta medida para luchar contra la despoblación peligra si no se aplica correctamente, porque el ínfimo porcentaje que se está aplicando no sirve para hacer más competitivos a estos territorios.
Este martes los representantes de las organizaciones empresariales denunciaron la “falta de voluntad política” que hay para bonificar el 20% de los costes laborales permitido, durante el primero de los actos convocados por la patronal turolense previo a la concentración del próximo 10 de noviembre en Teruel.
Ese mismo día han citado a los partidos políticos para mantener con ellos un encuentro abierto al público sobre esta cuestión, e instaron este martes a la secretaria general del PSOE Aragón, la ministra y portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, a que represente a su partido en el acto que han convocado como máxima responsable de los socialistas aragoneses.
El Hotel Fidalgo de Calamocha acogió este martes el primero de los desayunos empresariales organizados por la Cámara de Comercio de Teruel, CEAT Teruel, Cepyme y CEOE Teruel, para exigir la maximización de las ayudas al funcionamiento de las empresas.
La intención es sensibilizar no solo a los empresarios sino al conjunto de la sociedad turolense para que respalde de forma masiva la concentración que han convocado el día 10 de noviembre a mediodía en la plaza San Juan de Teruel, para exigir la maximización de estas ayudas y que se aplique el 20% de bonificación sobre los costes laborales permitido por Europa, puesto que apenas se está aplicando el 1%.
En el primero de los encuentros organizados en Calamocha participaron el vicepresidente de CEOE Teruel, Francisco Hernández, el presidente de Cepyme, Jesús Blasco, el presidente de CEAT Teruel, Juan Carlos Escuder, y el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel.
En el desayuno empresarial de este martes quedó patente que los empresarios no ven que haya voluntad política de aplicar estas ayudas en su máxima intensidad, así como el riesgo real que existe de perderlas porque el ínfimo porcentaje que se está aplicando no está dando resultados como han advertido ya varios informes elaborados por expertos en Economía encargados por la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), a la que pertenecen.
Acudir a Europa
Durante el encuentro indicaron que acudirán a Europa para denunciar esta situación, pero sin dejar por ello de seguir insistiendo ante el Gobierno central para que les escuche.
Tras una reunión que mantuvieron en mayo del año pasado con la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, en la que esta se comprometió a volver a verse con ellos a los seis meses para evaluar el impacto que estaban teniendo las ayudas, no han vuelto a saber nada a pesar de haber enviado cuatro misivas a la titular de esta cartera ministerial para recordárselo.
Los representantes empresariales consideraron que Bruselas debe conocer lo que está pasando y que “alguien en Europa le pegue un tirón de orejas al Gobierno de España”, dijo Juan Carlos Escuder, veterano en estas reivindicaciones ante las instituciones europeas desde hace dos décadas.
Advirtieron que se han perdido dos oportunidades, y que si se falla también ahora con la revisión de las ayudas para el próximo marco financiero plurianual, esta vez se perderá de forma definitiva.
El presidente de la Cámara de Comercio argumentó que estas ayudas son “determinantes” para la lucha contra la despoblación y hay que focalizar las reivindicaciones en que se apliquen en su máxima intensidad, porque después todo vendrá dado si aumenta la población, ya que redundadará en más infraestructuras y servicios.
Santa Isabel pidió no desviar la atención sobre otras necesidades, que no son menores, pero que hay que centrar la demanda en esta medida que la Comisión Europea considera la adecuada para combatir la despoblación tal como se ha visto en otras regiones de Europa, pero que no se está aplicando correctamente en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.
Estas ayudas de Estado se autorizaron para estos tres territorios al estar por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. La intención es dar ventajas competitivas a estas zonas para compensar el problema demográfico que tienen, y que les impide competir en igualdad de condiciones con el resto del país.
Ante esa falta de voluntad política que han detectado por parte del Gobierno central como responsable de su aplicación, pedirán el día 10 de noviembre a todos los partidos políticos que lo demanden ante el Ejecutivo.
El presidente de la Cámara de Comercio indicó que la invitación se ha dejado abierta a cada formación para que envíe a quien considere oportuno, pero en el caso del PSOE instó a que sea la secretaria general de esta formación en Aragón, Pilar Alegría, que es además ministra de Educación y portavoz del Gobierno central, la que acuda en representación de este partido.
Además, los representantes de las organizaciones empresariales incidieron en que las ayudas al funcionamiento están perfectamente estipuladas por la Comisión Europea, y no se debe desviar el debate sobre otras aportaciones del Gobierno de Aragón o la Diputación de Teruel, como planteó recientemente Alegría durante una visita a la capital turolense cuando le preguntaron los medios de comunicación sobre las mismas.
Corresponden al Estado
Argumentaron que estas ayudas son de Estado, y que corresponde al Gobierno central aplicarlas, para lo cual Europa autoriza bonificaciones de hasta un máximo del 20% sobre los costes laborales. En cambio se está aplicando un 1,38%, una cantidad que “no ha ayudado en nada a las empresas”, puntualizó Santa Isabel, puesto que equivale a 40 o 50 euros al mes.
A principios de mes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, cifró en 90 millones para las tres provincias la repercusión que han tenido estas ayudas desde que empezaron a aplicarse en 2023.
Durante el desayuno empresarial de este martes en Calamocha, Jesús Blasco alertó de que se está “perdiendo una oportunidad”, porque en la provincia se necesitan entre 4.000 y 5.000 trabajadores, y estas ayudas favorecerían su atracción mediante salarios más altos.
Otros portavoces empresariales añadieron que contribuiría también a incorporar procesos tecnológicos para hacer más competitivas las empresas, además de favorecer el relevo generacional con los autónomos por el peso que tienen en la provincia.
Francisco Hernández señaló que las tres provincias están creciendo a un ritmo por debajo que el resto de España, con lo cual se está perdiendo terreno en competitividad, y el objetivo de estas ayudas es el contrario, dotar de instrumentos a las provincias con mayores problemas demográficos para poder competir.
Escuder apuntó que el objetivo es tener un coste cero en la contratación de trabajadores y autónomos, algo que es fundamental para atraer gente de otros lugares a la provincia.
El presidente de la Cámara de Comercio admitió que al final con las ayudas al funcionamiento se ha puesto a los territorios de alrededor en contra, cuando debería hacerse un ejercicio pedagógico para mostrar que si se aplican en su máxima intensidad tendrán efecto y después esa medida se podrá hacer extensiva a otras zonas de la España despoblada.
Aclararon que estas ayudas deben verse como una ventaja competitiva para la provincia, no como algo que favorece a los empresarios, que mediante esta medida lo que hacen es convertirse en el instrumento para la lucha contra la despoblación atrayendo trabajadores y nuevos proyectos; un crecimiento dirigido a dinamizar el territorio.
Concentración el día 10
Antonio Santa Isabel incidió en la importancia de lograr la movilización de la sociedad en su conjunto el próximo 10 de noviembre.
Argumentó que si se consigue generar economía, y las ayudas al funcionamiento están dirigidas a ese fin, se generará dinamismo y las inversiones llegarán. “Es una oportunidad que no podemos dejar escapar”, recalcó.
El presidente de Cepyme insistió en que “tiene que haber voluntad política”, pero aclaró que las organizaciones empresariales tienen sus limitaciones y que ese trabajo corresponde a los partidos políticos, a los que instó a que se involucren para conseguirlo entre todos.
Demanda
Durante la intervención de los representantes de las organizaciones empresariales se puso énfasis en la importancia que tienen los autónomos en la provincia de Teruel, que fueron los grandes olvidados por el Estado a la hora de aplicar las ayudas al funcionamiento y que deben estar, según recalcó Juan Carlos Escuder, presidente la CEAT, que representa a este colectivo.
Escuder recordó que la autorización de la Comisión Europea incluye a los autónomos porque son empresas, pero el Estado español los dejó fuera. Indicó que son los que vertebran el territorio en la provincia de Teruel y con sus servicios sostienen las zonas despobladas.
Pidió pensar en ellos y que se incluyan dentro de estas ayudas porque muchos están por debajo del salario mínimo.
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