El colectivo empresarial ha sido el principal blanco de la extorsión de ETA y, como consecuencia de ello, cuarenta empresarios han sido asesinados y casi cincuenta secuestrados desde que ETA inició su actividad terrorista.
Primeros Asesinatos y Secuestros
El primer empresario asesinado por ETA fue el director de Sigma, Ángel Berazadi, que había sido secuestrado el 18 de marzo de 1976 y fue encontrado muerto en la carretera de Elgoibar a Azkoitia el 7 de abril de 1976. En la larga lista de empresarios víctimas de ETA entre estas dos fechas figuran, entre otros, Javier Ybarra, consejero del Banco de Vizcaya, asesinado tras su secuestro (1977); José Luis Legasa, quien se negó a pagar el 'impuesto revolucionario' (1978), y José Edmundo Casan Pérez-Serrano, subdelegado de Ferrovial en Valencia (1991). En 1997 fue asesinado en Tolosa de un tiro en la cabeza Francisco Arratibel.
El secuestro de empresarios ha sido otro de los medios de financiación de ETA a lo largo de su historia. En la extensa lista de secuestrados por ETA están el propietario de Avidesa, Luis Suñer (1981) y los industriales vascos José Lipperhide y Saturnino Orbegozo, ambos en 1982. También, Diego Prado y Colón de Carvajal (1983), Juan Pedro Guzmán (1985), Lucio Aguinagalde (1986) y Emiliano Revilla (1989), quien permaneció 249 días en poder de ETA y fue liberado tras el supuesto pago de 1.500 millones de pesetas (9 millones de euros). En noviembre de 1989 fue secuestrado Adolfo Villoslada, liberado en febrero de 1990, y en 1993, Julio Iglesias Zamora, que permaneció en poder de ETA desde julio a octubre de ese año.
El Asesinato de Ignacio Uría en 2008
La Audiencia Nacional ha condenado al miembro del comando Ezuste de ETA Iurgi Garitagoitia a 44 años de cárcel por el asesinato del empresario Ignacio Uría el 3 de diciembre de 2008 en Azpeitia (Guipúzcoa). La banda terrorista había escogido esta víctima dentro de la campaña que estaba ejecutando ETA contra la construcción del AVE en la provincia vasca. Además de la pena de cárcel, la Sala condena a Garitagoitia a indemnizar con 160.000 euros a la viuda del fallecido y con cantidades de entre 40.000 y 80.000 euros para cada uno de sus cuatro hijos. Los otros condenados por tomar parte en este asesinato: Manex Castro, Joanes Larretxea y Beinat Aguinagalde; deberán contribuir al pago de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas. No obstante, la Audiencia Nacional ha absuelto por falta de pruebas a un supuesto colaborador de este comando de ETA por falta de pruebas.
Sí que se ha demostrado su pertenencia a una banda terrorista pero no su complicidad en el asesinato de Ignacio Uría. Los magistrados consideran probado que ambos acusados eran miembros de ETA. Iurgi Garitagoitia como integrante y el acusado absuelto como colaborador integrado en el comando Ezuste, que estuvo operativo en el País Vasco desde agosto de 2008 hasta marzo de 2009, cuando fue desarticulado por la Ertzaintza.
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Asesinato por la Construcción del AVE
La resolución explica que ETA decidió matar a un empresario relacionado con la construcción del tren de alta velocidad. En concreto, Garitagoitia y los etarras ya condenados fijaron su objetivo en el empresario Ignacia Uría Mendizábal, consejero delegado de una de las empresas adjudicatarias de la construcción de la referida línea ferroviaria. De esta forma el 3 de diciembre de 2008 al menos dos miembros del comando viajaron en un vehículo hasta un aparcamiento de la localidad de Deba. Una vez allí se dirigieron a un ciudadano que se encontraba en el interior de su coche y se lo llevaron al monte, donde lo introdujeron en el maletero.
Con el vehículo sustraído condujeron de nuevo hasta el parking donde le obligaron a permanecer durante varias horas custodiado por Iurgi Garitagoitia y otro miembro del comando. Mientras tanto, otros dos miembros del grupo, Joanes Larretxea y Beinat Aguinagalde, se dirigieron hasta Azpeitia y mataron al empresario de tres disparos a bocajarro cuando se subía en su vehículo.
Poca Credibilidad de los Acusados
Mientras ocurrían estos hechos Iurgi Garitagoitia y otro integrante del grupo condujeron al hombre que tenían retenido hasta una cabaña donde lo dejaron atado, siempre según la sentencia. El tribunal da poca credibilidad a las manifestaciones de Garitagoitia en el juicio, en el que negó conocer a los demás miembros del comando. Señala que son unas afirmaciones que "no responden a la realidad" pues sus restos biológicos fueron hallados en el vehículo utilizado en los traslados para la comisión del atentado.
Otro de los indicios que tiene en cuenta la Sala es la sentencia de la Audiencia Nacional por el atentado contra un repetidor en Hernani en el que se encontraron restos biológicos del procesado, "lo que le vincula de forma inequívoca con los demás miembros del comando ya condenados". La Sala reconoce que no puede situarlo materialmente en el lugar del atentado, Azpetitia, o en el monte Itziar donde fue retenido el testigo protegido previamente secuestrado.
Procesamiento por el Asesinato de Francisco Arratibel
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado por delito de asesinato terrorista a dos miembros del ‘comando Donosti’ de ETA Francisco Javier G.G., alias ‘Txapote’, e Irantzu G., alias ‘Amaia’, así como a cuatro exjefes de la organización terrorista por el asesinato cometido el 11 de febrero de 1997 del empresario Francisco Arratibel en la localidad guipuzcoana de Tolosa. Los cuatros exdirigentes de ETA procesados son Jose Javier A.R., Miguel A.I., Ignacio Miguel G.A. y Soledad I.
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Un año después, el 11 de febrero de 1997, los miembros del ‘comando Donosti’ de ETA, integrado entonces por Javier G.G. e Irantzu G., asesinaron a Arratibel mediante un disparo en la nuca realizado a una distancia ligeramente superior al cañón tocante. El auto detalla que la causa se archivó el mismo año del atentado porque no se encontraron indicios contra persona determinada y se reabrió en 2013 tras la aparición de nuevas evidencias.
También constan incorporadas a la causa las declaraciones de dos miembros de ETA que, como testigos protegidos, explicaron en sede judicial que en las fechas en que se produjo el asesinato de Arratibel la dirección de ETA marcaba asesinatos “selectivos” tanto del mundo político como empresarial. En aquel momento Miguel A.I. dirigía el aparato político de la organización terrorista, mientras que al frente del aparato militar estaban Jose Javier A.R y Ignacio Miguel G.A. y Soledad I.
Condena por el Asesinato de José María Korta Uranga
La Audiencia Nacional ha condenado a 26 años y 9 meses de cárcel a la que fuera miembro de ETA Ainhoa G.M. En una sentencia dictada de conformidad entre las partes, los magistrados de la Sección Cuarta condenan a Ainhoa G.M. a 25 años de cárcel por un delito de homicidio terrorista y a un año y 9 meses por un delito de falsedad documental. Según el relato de hechos probados, reconocidos por la propia acusada, ésta formaba parte del comando BURUNTZA/ZARTAKO de la organización terrorista ETA, y en unión de otras personas, decidió dar muerte a José María Korta Uranga, propietario de la empresa Korta y presidente de la Asociación de empresarios de Guipúzcoa, ubicada en el polígono industrial Gorostiaga de la localidad guipuzcoana de Zumaia.
Para el Tribunal, la prueba practicada en la vista pone de manifiesto la participación de Ainhoa G.M.
El Caso de José Legasa: Negarse a Pagar el "Impuesto Revolucionario"
El destino trágico de José Legasa comenzó a fraguarse en noviembre de 1976 cuando recibió una carta de extorsión de ETA. A este empresario de Irún le exigían 10 millones de pesetas, 520.000 euros de hoy. En la misiva se le pedía que cruzara la frontera hasta la localidad francesa de Bayona y entregara el dinero en el bar Euskaldun a un tal Otxia. El constructor guipuzcoano lo denunció a la Policía Nacional y acompañado de varios agentes se dirigió cierto día al encuentro del tal Otxia, que resultó ser Francisco Javier Aya Zulaica, jefe del aparato de extorsión de ETA. Lo halló jugando tranquilamente a las cartas en el bar. El terrorista fue detenido allí mismo y posteriormente fue condenado a tres años de prisión en Francia.
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José Legasa fue valiente en tiempos de pocas heroicidades. No solo denunció y colaboró para condenar a un terrorista, sino que también evitó que su oro lo convirtiera ETA en plomo. Pero lo pagó caro porque la venganza no se hizo esperar. “Después del juicio en Francia, mi tío cambiaba de hábitos y horarios constantemente porque era consciente del peligro. Protegía como podía a su familia, pero él tenía claro que no quería emigrar, quería ser libre en su tierra a pesar del miedo”, cuenta su sobrina Lourdes Legasa a este diario. Su padre Miguel trabajaba con José en el negocio familiar y siempre andaban juntos.
Uno de los empleados de la empresa resultó ser confidente de ETA y facilitó la información necesaria para que se consumara la tragedia. Corría noviembre de 1978 cuando el francés Henri Parot, el etarra más sanguinario con 26 asesinatos a sus espaldas, llegó a Irún acompañado de otro pistolero. Sorprendieron a José y a Miguel a pie de obra. “Mi padre forcejeó con Parot y recibió un tiro en la pierna. A mi tío le dispararon hasta la muerte”, narra Lourdes. “La familia ha estado muy callada, pero es el momento de hablar porque no podemos dejar que este caso y otros muchos se queden en el olvido. Ojalá hubiera habido más valientes como mi tío”, explica con templanza Lourdes.
'La Bolsa y la Vida': Un Análisis de la Extorsión de ETA
En un nuevo libro, con igual mesura y mucho rigor también nos cuentan nueve autores cómo y por qué ETA aterrorizó a los empresarios, principalmente vascos y navarros. En ‘La bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial’ se lee que entre 1993 y 2010 fueron 10.000 las personas a las que exigieron el ‘impuesto revolucionario’. Se sabe por el descifrado de los códigos alfanuméricos que la organización terrorista añadió a las cartas a partir de 1993. Hablar del número de extorsionados antes de ese año “es pura especulación”, apunta el periodista Florencio Domínguez, quien viene a ser como la ‘enciclopedia' sobre la temática de ETA.
El estudio de Domínguez le lleva a asegurar que las fuentes de financiación de ETA fueron principalmente los secuestros (106 millones de euros), los atracos (19 millones) y la extorsión (21 millones). Los valores están actualizados. Asegura este periodista, ahora director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que “la aportación de los simpatizantes, según la documentación analizada, es irrisoria". "El ‘merchandising’ de pulseritas y medallitas apenas les aportó fondos”.
Dada la ‘omertà’ impuesta por el miedo a ETA y el silencio mayoritario de los afectados, la cifra conservadora obtenida mediante el ‘impuesto revolucionario” la fundamenta Domínguez en el análisis de la documentación incautada en la empresa Sokoa de Bayona (1986), en la localidad francesa de Bidart (1992) y a Mikel Antza en 2004.
Otra de las cifras llamativas que aporta el libro es que el terrorismo de ETA tuvo un impacto negativo de 25.000 millones de euros en la economía vasca, actualizado el valor a hoy. El coordinador del libro, Josu Ugarte, afirma que “ese coste directo estimado ha sido pagado en su mayor parte por el conjunto de los españoles”. Añade Ugarte: “Tan solo la paralización que provocó ETA de la central de Lemóniz supuso un sobreprecio de entre 6.000 y 7.000 millones de euros en los recibos de la luz pagados por los ciudadanos”. El coste de la incidencia en el PIB del País Vasco y Navarra es incalculable, sostienen los autores.
Respecto a las causas de la violencia sistemática contra el empresariado, Ugarte señala que “la búsqueda de fondos para llevar a cabo su actividad terrorista es la causa que prevaleció en la práctica de la extorsión”. ETA colocó bombas contra las instalaciones de las compañías, realizó atracos, envió miles de cartas de extorsión, secuestró a 86 personas entre 1973 y 1997 y cometió 55 asesinatos en sus atentados contra el empresariado.
El coordinador del libro cuenta a El Confidencial que “en los primeros años de ETA, su ideología anticapitalista y de odio hacia los empresarios en tanto que explotadores y enemigos del pueblo vasco provocó ciertos episodios de violencia, pero ya desde finales de los setenta lo que marcó la extorsión fue conseguir dinero”. Florencio Domínguez añade que también hubo otros motivos por los que ETA atentó contra el mundo empresarial. Señala, por ejemplo, que hubo ataques contra intereses económicos franceses para que París dejara de cooperar con Madrid en la lucha antiterrorista. O casos en los que la banda terrorista se arrogó la defensa del ecologismo, como en el caso de la central nuclear de Lemóniz que paralizó o el de la autovía de Leizarán que uniría Navarra y Guipúzcoa, proyecto este último cuyo sobrecoste por la amenaza terrorista fue de casi 100 millones de euros.
La Correlación entre Terror y Recaudación
“Mi secretaria captaba con la mirada qué quería el empresario extorsionado cuando venía a entrevistarse conmigo porque el terror se le veía en los ojos”, explica José Manuel Ayesa, que fuera presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra entre 1989 y 2010 y que vivió con escolta durante 14 años por las amenazas de muerte recibidas. El terror facilitaba el pago del chantaje. Así, desde finales de los setenta la banda le dio una gran importancia estratégica a crear un aparato de extorsión que perfeccionó en los ochenta y que se profesionalizó del todo en los noventa con un archivo informático cifrado.
La jefatura de ese aparato siempre estuvo en Francia, pero “necesitaba una red de personas legales vinculadas a la trama política de ETA [Herri Batasuna y sindicato LAB] que hacían las labores de inteligencia, además de una red de informantes entre trabajadores de la banca que registraban los movimientos de las cuentas o empleados públicos que proporcionaban datos clave para el chantaje”, explica Josu Ugarte. Luego había otra red de colaboradores que mantenían los primeros contactos con los extorsionados y también una trama de intermediarios que negociaban los pagos que se realizaban normalmente en el País Vasco francés o que directamente recogían el sobre y lo llevaban al país vecino.
ETA entendió muy pronto que la intimidación sistemática y la violencia extrema favorecían el pago del ‘impuesto revolucionario’, un ingreso básico para los terroristas. “Hubo factores que interactuaban: a mayor violencia, más ingresos; a más ingresos, más recursos humanos para atentar y más capacidad de conseguir dinero de la extorsión. De modo que sí, hubo una relación directa entre el miedo y la capacidad de recaudar”, detalla Florencio Domínguez. Así, no fue casualidad que en 1977 ETA secuestrara, torturara y asesinara a sangre fría al importante industrial y político Javier de Ybarra y Bergé.
Cinco días después de su secuestro, la familia Ybarra recibía una carta que rezaba: “La oligarquía de los Ybarra entregará a ETA la cantidad de mil millones de pesetas [50 millones de euros hoy]. En caso contrario, J. Ybarra será ejecutado”. Gaizka Fernández, historiador y coautor de ‘La bolsa y la vida’, explica lo siguiente: “El secuestro y asesinato de Ybarra fue un mensaje para la oligarquía de Neguri, que era la oligarquía española en contraposición con la burguesía del PNV, la aliada nacional: ‘Si no pagáis, os vamos a matar’. Eso aceleró el proceso de extorsión y de pago”.
Como consecuencia, desde finales de los setenta y durante la década de los ochenta el presupuesto de ETA se incrementó exponencialmente gracias en gran parte a los ingresos por el ‘impuesto revolucionario’. Sus acciones terroristas sufrieron un gran auge. No en vano, solo entre 1980 y 1989 los terroristas asesinaron a 412 personas del total de 858, número final del balance mortífero de su medio siglo de acción violenta.
Esa relación también se ve claramente en 2000 tras el asesinato con coche-bomba del empresario José María Korta, entonces presidente de la patronal guipuzcoana Adegi. Florencio Domínguez comenta a este diario que esa acción “conllevó un efecto de intimidación entre los empresarios extorsionados, lo que llevó ingresos a las arcas de ETA”. Un documento intervenido en 2004 a la jefa de extorsión, Soledad Iparraguirre, confirmaba esa correlación: “En el 2000 el efecto Korta tiene su influencia; hay dos años buenos, fructíferos”.
El Desamparo del Empresariado
Todas las víctimas de la extorsión con las que ha hablado este diario -unas quieren aparecer, otras no- manifiestan una queja común: el desamparo que sufrieron por parte del conjunto de las administraciones del Estado mientras hacían frente al chantaje y la violencia de ETA. “No tengo ninguna duda de que el silencio de los empresarios, que no denunciaran y el hecho de que muchos pagaran, es consecuencia del desamparo que sentían ante el comportamiento de los medios gubernamentales”, explica José Manuel Ayesa.
Este expresidente de la patronal navarra sostiene que, salvo la Guardia Civil, que tenía un equipo contra le extorsión, los gobiernos e instituciones no dieron importancia alguna al sufrimiento de los empresarios chantajeados y sus familias: “Mientras mis hijos no me dejaban pasear con mis nietos por temor a que pasara algo, los diferentes cuerpos policiales no eran capaces de coordinarse para ayudarnos”.
Hasta los ochenta, Francia era la retaguardia segura de los etarras, que celebraban reuniones a cara descubierta en los bares con los extorsionados Cuenta Ayesa una anécdota que le ocurrió en la Semana Santa de 2007 mientras compartía hotel con Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro de Interior. “Un amigo mío -relata Ayesa- había recibido una carta de extorsión esos días y aparecí en todos los telediarios nacionales para denunciar la situación, aunque estuviera de vacaciones. Pérez Rubalcaba sabía que desayunábamos a cinco metros uno del otro, pero me miraba y no decía nada. Una mañana quise acercarme a él para comentar el asunto, pero no dio permiso a su escolta para que me dejara hablar con él”. Concluye Ayesa: “No les interesaba en absoluto el sufrimiento de los empresarios”.
A finales de los setenta y los ochenta, el panorama era peor. Francia era la retaguardia segura de los etarras, quienes celebraban reuniones a cara descubierta en los bares con los extorsionados, y en el País Vasco aún no había una conciencia social e institucional para combatir a los terroristas. “Tras el asesinato de mi tío, no sufrimos una especial estigmatización social, pero tampoco sentimos un apoyo de las instituciones”, asegura Lourdes Legasa. Cuando ocurrió el atentado, a los pocos días ETA exculpó a su padre (herido) en un comunicado de la denuncia de su tío que había propiciado la condena de un terrorista.
La Diáspora Empresarial
La situación de violencia y falta de protección institucional que sufrieron los empresarios llevó a no pocos a emigrar a otras regiones de España y al extranjero. La tentación de irse era muy grande. Los Ortuzar emigraron a Reino Unido tras el asesinato de Javier de Ybarra y Bergé en 1977. Una de las personas que encabezaron el grupo familiar de negociadores para intentar su liberación fue Gaizka Ortuzar, casado con una de las hijas del empresario vizcaíno e hijo del fundador de la Ertaintza en 1936, Luis de Ortuzar. “Cuando mi padre estaba negociando la liberación de mi abuelo, los etarras le dijeron que el siguiente sería él. Nos obligaron a mudarnos y varios familiares míos siguieron apareciendo en las listas de objetivos de la banda terrorista”, contó su hijo Iban a El Confidencial.
Unos años más tarde, en 1987, la hoy galerista Blanca Soto montó un espacio multicultural en la céntrica calle donostiarra de Urbieta. Pero al día siguiente de la inauguración, ella y su socio oyeron unos ruidos que les sobresaltaron mientras trabajaban. “De repente, nos vimos rodeados por ocho chicos de Jarrai, habían entrado en el local y echado el cierre”, afirma Soto. “Nos interrogaron sobre nuestras personas, el origen del dinero para abrir el negocio y qué actividades pretendíamos hacer. Nuestras explicaciones no les convencieron, así que destrozaron el local en apenas cinco minutos y nos dieron una paliza de muerte”, explica esta empresaria hoy afincada en Madrid.
Los socios denunciaron los hechos ante la Policía Nacional, cuyo caso llevó personalmente el inspector jefe de San Sebastián, Enrique Nieto. “A los pocos días identifiqué a los ocho jóvenes en una rueda de reconocimiento. Entonces comenzaron a pasar por el negocio los padres pidiéndome que los perdonara, a lo que me negué, por lo que también ellos me amenazaron”, narra Soto. A continuación, comenzaron a llegarle cartas que incluían amenazas de muerte, hasta siete. “Me sentía aterrorizada. No podías hablar con nadie porque la gente allí estaba acostumbrada a la violencia y a la muerte, solo podía hablar de esto con el psiquiatra, como tantas otras víctimas”, cuenta atribulada. La banalidad del mal también afectó a la sociedad del País Vasco.
Tabla Resumen de Datos Económicos
| Fuente de Financiación de ETA | Cantidad (millones de euros) |
|---|---|
| Secuestros | 106 |
| Atracos | 19 |
| Extorsión | 21 |