Los principales empresarios catalanes temen que la violencia desatada por el procés arruine décadas de esfuerzo de toda una sociedad para situarse en la vanguardia. Las principales patronales critican abiertamente la dinámica que impulsa el separatismo encabezado por el Govern y el president Torra, mientras la empresa local y clientelar se pliega al mensaje nacionalista por intereses cortoplacistas y miedo al fundamentalismo que se está apoderando de las calles de Cataluña.
Los empresarios catalanes se mueven entre la esperanza, el desasosiego y el activismo. Esperanza en que la violencia desatada en Cataluña tras la sentencia del procés, e impulsada desde el propio Govern de la Generalitat, empiece a remitir en algún momento y se abra algún cauce para recuperar una cierta normalidad. Desasosiego porque el soberanismo, con Carles Puigdemont desde Bélgica y Quim Torra desde la Generalitat, ha iniciado un camino de no retorno que conduce hacia el precipicio y el suicidio colectivo de Cataluña.
Y hay también un pequeño empresariado, bastante numeroso, local y en buena medida clientelar que, por convicción o por temor a discrepar, se ha sumado a la causa política del independentismo. Salvo algunas excepciones, la gran empresa catalana no aprueba la deriva que ha tomado el nacionalismo. Hay claros intereses en ello.
Implicaciones Económicas de la Independencia
Cataluña tiene alrededor de 18.000 empresas exportadoras que venden unos 65.000 millones en mercados exteriores. Y de esos, más de 40.000 millones en la Unión Europea. La independencia de España provocaría la pérdida del mercado europeo, lo que obligaría a muchas empresas, fundamentalmente las más grandes, a deslocalizarse para no quedar fuera de juego. Ya no se trataría sólo de traslado de sedes sino de centros productivos, con lo que eso supone en términos de empleo.
Pero es que, además, el principal mercado de las empresas catalanas es el resto de España, donde venden alrededor de otros 40.000 millones de euros. Una vez más, una gran parte del tejido industrial y de servicios de Cataluña quedaría seriamente dañado y sin capacidad de respuesta. En ambos casos, la deriva independentista tiene un coste social para Cataluña de gran magnitud.
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De ahí que las grandes patronales como CEOE, el Instituto de la Empresa Familiar, Fomento del Trabajo o Empresaris de Catalunya hayan sido tan críticos con la deriva independentista y el desafío del procés. Aunque en ocasiones se han dado situaciones paradójicas que sólo se explican por el clima de presión que la Generalitat ha implantado sobre el discrepante.
Bien es cierto que buena parte de las empresas asociadas a Cecot tienen un perfil muy local y están situadas en zonas donde el separatismo se ha hecho con la calle, lo que las deja muy expuestas. Otro buen número de empresas forma parte de la red clientelar que el nacionalismo ha ido creando en Cataluña. A pesar de todo, menos de la mitad de los empresas asociadas a Cecot secundaron la huelga general de la pasada semana.
Los líderes independentistas son conscientes de que a través de los medios de comunicación y del sistema educativo han conseguido adoctrinar y movilizar a una buena parte de la sociedad, pero que aún no cuentan con el apoyo de otro importante grupo de la sociedad civil representado en los empresarios. La fuga de empresas de Cataluña -más de 5.000 empresas han trasladado su sede- ante la fallida declaración de independencia fue un fallo estratégico de los impulsores del procés y sus instrumentos, la ANC y Omniúm Cultural, que ahora intentan corregir.
La toma de control de la Cámara de Barcelona es una clara expresión de este movimiento. Con sólo el 3% del censo, los nacionalistas con Joan Canadell a la cabeza y con la ayuda de la ANC, se han hecho con el control de la Cámara, gracias al apoyo de la Generalitat, que permitió el voto electrónico para dilucidar los nuevos órganos de gobierno. Por esta razón buena parte del empresariado catalán valora positivamente el anuncio de Sánchez de un decreto para combatir la república digital catalana.
La movilización digital de los independentistas, unido a la escasa participación de la mayor parte de las empresas, que tampoco querían significarse ante los separatistas, fue lo que hizo posible la llegada de Joan Canadell a la Cámara. Canadell es definido por algunos empresarios catalanes como un político disfrazado de empresario.
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Muchos empresarios catalanes, contrarios en privado a la deriva separatista que impulsa la Generalitat, han optado sin embargo por mantener un discurso más moderado, parapetándose detrás del mantra del "diálogo", una calle sin salida dada la vehemencia con la que el nacionalismo ha emprendido el camino de no retorno.
La mayor parte suscribe en silencio las propuestas de Fomento del Trabajo y del Círculo de Economía, pero evitan cualquier posicionamiento público, al tiempo que consideran que la solución al problema que tiene ahora Cataluña tiene que articularse dentro de Cataluña y no como pretende Torra de una negociación de Cataluña con España.
La influencia de Junts per Catalunya sobre la gobernabilidad de España está obligando a los empresarios a desplazarse hasta Bélgica para negociar de tú a tú con Carles Puigdemont, líder de la formación posconvergente. Estos encuentros intentan atar la negativa de Junts al proyecto estrella del Ministerio de Trabajo, que se halla en tramitación parlamentaria. Los representantes empresariales trasladarán a Puigdemont su inquietud por la afectación del recorte de la jornada sobre las pequeñas y medianas empresas.
El apoyo a la independencia en Cataluña sigue en mínimos respecto a la serie histórica: solo el 40% de la población la defiende. El porcentaje de apoyo a la independencia de Cataluña ha ido en caída desde los acontecimientos del mes de octubre de 2017, cuando alcanzó un máximo del 49%. Por partidos, los simpatizantes de Junts y la CUP son los más partidarios de la secesión, con un 88% y 84% de apoyo, respectivamente.
Uno de los efectos colaterales del proceso independentista catalán ha sido el silencio atronador que el mundo económico ha guardado durante los últimos años. Sólo unos pocos se han atrevido a manifestarse a favor o en contra del proceso independentista abierto por Artur Mas hace cinco años.
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En las últimas semanas, la deriva emprendida por el Gobierno de Carles Puigdemont parece haber alejado incluso a sus más fieles valedores, especialmente desde que presentó la Ley del Referéndum que la Comisión Jurídica de Fomento del Trabajo calificó de golpe de estado. El movimiento más sintomático, y también el menos conocido, ha sido el intento independentista de hacerse con la presidencia del Círculo de Economía que actualmente ostenta Juan José Bruguera.
Pero esa maniobra se quedó en agua de borrajas cuando los Carulla se apearon del barco, aseguran fuentes conocedoras del proyecto. El primero en "caerse" del proyecto independentista, sin embargo, fue Víctor Grífols. La concesión de la más alta distinción del Govern le costó a Puigdemont una crisis con la CUP, que llevó al Parlament las críticas por premiar a un empresario que opera en 13 paraísos fiscales según Intermón Oxfam.
La muestra definitiva de la ruptura entre la familia Grífols y el Govern fue la exclusión de la primera farmacéutica catalana del Comité de Apoyo de la candidatura de Barcelona a la Agencia Europea del Medicamento. Aunque la auténtica crisis ha llegado con lo que el independentismo ha vivido como una traición de sus valedores económicos, los Rodés y los Carulla, a raíz de la crisis abierta por la negativa de la empresa editora a aceptar la campaña publicitaria del referéndum, lanzada por la Generalitat.
Mención aparte merece la postura de entidades económicas que han intentado mantenerse al margen de la crisis política e institucional que vive Cataluña. No es sólo que en sus juntas directivas convivan sensibilidades muy distintas. Pese a estas reticencias, la reunión de la directiva de Fomento del Trabajo del próximo lunes difícilmente se sustraerá a la crisis política catalana.
El empresariado catalán considera que en los últimos años había perdido cuotas de liderazgo mediático y cree que ha llegado el momento de mostrar mayor proactividad en la esfera social y política de la comunidad. La necesidad perentoria de hallar una salida a la crisis económica causada por la pandemia, que no sea en falso como tras el crash de 2008, ha influido también en que organizaciones que antaño no disimulaban sus discrepancias, bien por temas de representatividad o incluso por su posicionamiento en el debate soberanista, remen hoy en una misma dirección en varios asuntos capitales.
La llegada a su presidencia, en noviembre de 2018, del ex diputado de Convergència i Unió en el Congreso Josep Sánchez Llibre abrió una etapa de distensión que sirvió para que se fraguara la paz con otras dos organizaciones empresariales, Pimec y Cecot, en 2019. El conflicto con la patronal de las pymes por la representación del tejido empresarial catalán venía arrastrándose desde el año 2007. En juego, temas tan importantes como el poder en la negociación colectiva o el reparto de las subvenciones públicas.
Foment aprobó la reincorporación en su seno de Cecot, patronal implantada en la comarca barcelonesa del Vallès, donde se ubican ciudades industriales como Terrassa y Sabadell, y que había sido expulsada un año antes. Varias entidades, como la propia Cecot o Pimec, se sumaron al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, impulsado en 2013 por Artur Mas para exigir la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña.
Durante esos años, las influyentes Foment y Círculo de Economía, manteniéndose en posiciones tradicionales, reclamaron abiertamente y en varias ocasiones al Gobierno de Mariano Rajoy que estudiara posibles reformas políticas que rebajasen la tensión en Cataluña: desde un pacto fiscal hasta un nuevo Estatuto con rango de norma constitucional.
El conflicto entre el Ejecutivo central y el autonómico avanzaba y la unilateralidad que se abría paso en 2017 era menos llevadera que la consulta informal de 2014, lo que propició que el camino de las entidades partidarias del derecho a decidir se bifurcara entre quienes pedían seguir negociando un referéndum pactado o los actores más desacomplejadamente independentistas.
Tras el parón mediático debido a la pandemia y con otros protagonistas al frente de las negociaciones políticas, el procés ha entrado en una nueva fase y los empresarios no quieren permanecer al margen de las primeras planas. FemCAT ha conseguido la cuadratura del círculo: el 'lobby' que no hace de 'lobby'.
En un texto que firma el corresponsal Tobias Buck, el prestigioso rotativo financiero asegura que la opinión de los empresarios "debería ser una parte central" del debate en Catalunya, pero admite que muchos "rechazan explicar en público como ven el proceso". Según el corresponsal del prestigioso diario financiero británico, la "reticencia" de los empresarios a hablar sobre la independencia es "comprensible".
Para Buck, "es justo decir que estos argumentos tan optimistas no son generalmente compartidos entre los jefes de las grandes empresas catalanas". Según Buck, más que la independencia, los empresarios están preocupados por el proceso. "Lo que les preocupa es cómo la independencia, sin un pacto con España, se podría alcanzar. Están especialmente preocupados con la posibilidad de una declaración unilateral del Parlamento catalán", explica Buck.
"La independencia seria un desastre para Catalunya, España y Europa". Esta frase de José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y del grupo Freixenet, resume la posición sobre el proceso soberanista de una parte del empresariado catalán. Aunque con matices, la gran empresa se incluye en el bloque contrario a la independencia y, en muchos casos incluso rechaza un derecho a decidir del que es partidario el 80% de la población, mientras que entre la pequeña y la mediana empresa el apoyo a un estado propio para Catalunya es mayoritario.
En cambio, este mismo jueves 30 asociaciones empresariales y cámaras de comercio de Catalunya se han reunido en Barcelona para suscribir un manifiesto de apoyo "incondicional al proceso" para ejercer el derecho a decidir, y que reitera el compromiso de respetar "la decisión que tome el pueblo de Catalunya".
A finales de 2012, las patronales Pimec y Cecot, que agrupan básicamente a empresas pequeñas y medianas, coincidieron en publicar sondeos entre sus asociados en los que el apoyo al Estado propio catalán era mayoritario. El "sí" a la independencia catalana llegaba al 66,8% en la encuesta de Pimec y al 53% en la de Cecot. Pero la opción independentista perdía fuerza en las compañías más grandes.
Además del posicionamiento de Fomento del Trabajo, ha habido algunos representantes de grandes empresas catalanas que han mostrado explícitamente su rechazo a la independencia. El más directo ha sido, seguramente, José Luis Bonet, pero también destaca el caso de Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell. Josep Oliu es uno de los integrantes del Foro Puente Aéreo, que reúne a 40 grandes empresariados de Barcelona y de Madrid.
Caixabank ha sido menos explícita que el Banco Sabadell en su rechazo a la independencia y al proceso soberanista. En todo caso, la entidad también cuenta con representación en el Foro Puente Aéreo. Como gran excepción entre las grandes empresas aparece Víctor Grífols. Quién sí se ha alienado entre los partidarios del estado catalán ha sido Joan Font, presidente del grupo de distribución Bon Preu.
Apoyo a la Independencia por Tamaño de Empresa (Encuestas de 2012)
| Patronal | Tamaño de Empresa | Apoyo a la Independencia |
|---|---|---|
| Pimec | Pequeñas y Medianas | 66.8% |
| Cecot | Pequeñas y Medianas | 53% |
| Cecot | Más de 100 trabajadores | 38% |