El promotor Enrique Ortiz, una figura clave en el mundo empresarial español, especialmente en el sector inmobiliario y de la construcción, ha decidido retirarse de la primera línea de sus negocios, cediendo el control a sus dos hijos mayores.
Retiro y Traspaso Generacional
Fuentes del Grupo Cívica confirmaron a este diario que el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el relevo del empresario como administrador único de tres de sus sociedades. Laura y Enrique Ortiz Carratalá ejercerán el control de estas compañías como administradores mancomunados de las mismas.
Este proceso se repetirá en el conjunto de firmas propiedad del promotor, que en su mayoría se encuentran bajo el paraguas del Grupo Cívica. Estas firmas abarcan desde la construcción de obras públicas a la gestión de aparcamientos, la limpieza de espacios públicos o las residencias para la tercera edad, entre otros muchos negocios.
Según las citadas fuentes, el proceso responde al deseo de «jubilarse» del empresario, que cumplió 59 años en enero. Ortiz ha estado al frente de la compañía que heredó de su padre desde principios de los años ochenta.
Sin embargo, las mismas fuentes reconocen que también ha influido en la decisión el importante desgaste que Ortiz acumula por las diferentes causas judiciales en las que se ha visto envuelto, por su supuesta participación en diversos casos de corrupción.
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De momento, el empresario se ha librado de entrar en prisión. Ha sido absuelto en dos ocasiones y su condena por el caso Gürtel fue de sólo 15 meses, tras pactar con la Fiscalía a cambio de confesar que había financiado ilegalmente al PP. No obstante, todavía tiene pendientes los juicios por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante y por el Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.
Primeros Pasos del Relevo
Ortiz ya ha empezado a dar los pasos para que sean sus hijos quienes tomen las riendas del negocio. Las tres primeras firmas donde se ha ejecutado el relevo son Cívica Fomento Inmobiliario, Tizor Hormigones y Asfaltos, y Gestizor.
- Cívica Fomento Inmobiliario: Promotora dedicada a la construcción, venta y alquiler de viviendas, con una facturación de 8,5 millones en 2017 y beneficios de 3,3 millones.
- Tizor Hormigones y Asfaltos: Dedicada al suministro y colocación de pavimentos, hormigones y asfaltos, generó 6,7 millones de ingresos en 2017, con un beneficio de 125.965 euros.
- Gestizor: Se dedica a la construcción y mantenimiento de edificios residenciales y no tuvo ingresos en 2017.
En mayo de 2017, Ortiz cedió a su primogénita la presidencia de Inusa, la antigua concesionaria de la limpieza de la ciudad de Alicante, que también forma parte del accionariado de la UTE que presta este mismo servicio en la actualidad.
Todavía quedan por ejecutar los relevos en las principales compañías del grupo, empezando por la propia Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, Cívica Construcciones y Contratas o la matriz del conglomerado, Grupo Cívica Construcción y Servicios del Mediterráneo.
La intención es utilizar la misma fórmula que en las tres primeras -la sustitución de un administrador único por administradores mancomunados- en las firmas de tamaño medio o pequeño, mientras que en aquellas de mayores dimensiones se constituirá un consejo de administración.
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Desde el grupo señalan que el relevo en la gestión no afectará al funcionamiento de los negocios que tiene el grupo y recuerdan que hace ya años que los hijos de Enrique Ortiz participan en la administración de las diversas compañías de la familia. Laura Ortiz Carratalá es abogada y licenciada en Administración y Dirección de Empresas, mientras que su hermano Enrique Ortiz Carratalá es arquitecto.
El Auge y Caída de un Imperio
El volumen de activos del Grupo Cívica pasó de 194 a 1.035 millones de euros entre 2003 y 2008, en una evolución más propia de una empresa tecnológica que de una firma de la economía tradicional.
La mayor parte de estos activos correspondían a los solares y terrenos que el grupo fue acumulando y que, con la llegada de la crisis, perdieron gran parte de su valor. Entre ellos, el suelo que compró para desarrollar el Plan Rabasa, donde debían construirse más de 13.000 viviendas, además de un parque comercial -Ikea incluido- que nunca llegó a ver la luz. En 2014, el activo del conglomerado ya había caído hasta los 398 millones.
El grupo salió de la burbuja con numerosas deudas que ha tenido que renegociar, incluyendo un enfrentamiento con el Sabadell por los terrenos del macroproyecto urbanístico en Alicante.
Aunque el grupo mantiene sus divisiones de obras públicas y construcción, en estos momentos son los servicios los que mejor le funcionan. Además de su participación en la concesionaria de la limpieza de la capital de la provincia, Cívica también tiene participaciones en empresas de limpieza de edificios, en la cadena de residencias para la tercera edad Gerocentros, o dispone de espacios comerciales para alquilar. Igualmente, gestiona varios parkings en Alicante, San Vicente, Alcoy, Dénia o València; y también participa en la concesionaria de la autopista de Ibiza a San Antonio.
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Operaciones Urbanísticas y Plusvalías
El empresario Enrique Ortiz se hizo de oro con varias operaciones urbanísticas en Alicante durante los mandatos de Sonia Castedo (PP). Ingresó entre octubre de 2008 y junio de 2010 hasta 320 millones de euros mediante grandes ventas de terrenos situados en Alicante y traspasos de participaciones de sociedades cuyos principales activos inmobiliarios radicaban también en la ciudad.
El modus operandi fue sencillo: el empresario presentaba un plan urbanístico para desarrollar un suelo de su propiedad, el consistorio aprobaba a continuación la propuesta, y luego se vendía a un tercero ese terreno, que ya tenía todos los parabienes legales otorgados por la administración local para su futuro desarrollo, lo que permitía aumentar el valor de los suelos y activos.
Ortiz logró unas plusvalías que alcanzan los 320 millones sólo con los movimientos de suelos de las zonas citadas y la venta de activos urbanísticos ubicados en la ciudad de Alicante. Si se suman las ganancias obtenidas con la venta de fincas localizadas en Benidorm, La Vila, Manises y Polop y que fueron incluidas también en todas estas operaciones, el beneficio total del constructor es aún mayor.
Las ganancias extraídas por Cívica se reflejan en un informe elaborado por KPMG para Bankia, que analiza los movimientos de Ortiz entre octubre de 2008 y junio de 2010. Bankia considera que Bancaja salió tremendamente perjudicada de los negocios con Ortiz, que fue el gran beneficiado de estas transacciones que tenían el amparo legal-urbanístico del Ayuntamiento.
A continuación, se presentan algunas de las operaciones más destacadas:
Plan Rabassa
- El 8 de octubre de 2008, Ortiz vende a Bancaja Hábitat el 20% de Visomed por 44 millones.
- Entre el 1 y el 3 de junio de 2009, Cívica aporta a Urbanika tres fincas (644.000 m2), mediante una ampliación de capital no dineraria. Estos solares se valoran en 96,5 millones, lo que le reporta unas plusvalías de 63,2 millones.
- Ya en 2010 (30 de julio), Ortiz aporta a Urbanika 300 participaciones de Visomed, a las que se le otorga un valor de 110 millones de euros, mientras que su valor nominal era sólo de 30.000 euros.
PAU-3 (Vistahermosa)
- El 17 de diciembre de 2009, Ortiz vende suelo urbanizable suyo en el PAU-3 (105.700 m2) al Banco de Valencia (BdV).
- El 3 de abril de 2009, Ortiz vende a Bancaja el 50% de la sociedad Vistahermosa por 43,5 millones.
APA-9 (Vistahermosa-Lomas Garbinet)
- El 1 de junio de 2010: Cívica vende a Urbanika el 50% de la sociedad Inmovist por 65,3 millones.
- El mismo 1 de junio de 2010, vendió a Urbanika otras 24 fincas (92.908 m2) situadas en Armanello por 89,6 millones.
Relación con la Política y Controversias
La relación entre Ortiz y figuras políticas como Sonia Castedo y Luís Díaz Alperi ha sido objeto de controversia y escrutinio público. Sus conversaciones telefónicas con el empresario se convirtieron en un capítulo central de su biografía política.
El sumario del 'caso Brugal' reveló la íntima relación entre Castedo, su predecesor, Luís Díaz Alperi, y el constructor Enrique Ortiz. El empresario fue condenado en el marco de la causa relativa a una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a una multa de 18.000 euros por delito de cohecho activo impropio.
Ortiz ha admitido ante la Fiscalía Anticorrupción presuntos amaños en el PGOU, aceptando dos años de prisión y una multa que roza los 900.000 euros. El acuerdo alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción también obliga a Ortiz a abonar cerca de 1,6 millones en concepto de multas e indemnizaciones.
Según el escrito de la acusación, a cambio de esas modificaciones y recalificaciones, Alperi y Castedo recibieron pagos en metálico, viajes y un Mini Cooper. En total, unos 700.000 euros repartidos entre ambos alcaldes, según el fiscal, para garantizarse un buen negocio con el nuevo desarrollo urbanístico de la ciudad.
El Tribunal Supremo absuelve al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi (PP) de la multa de 6.000 euros por delito de cohecho impropio que le fue impuesta por la Audiencia Provincial de Alicante en 2021, tras la celebración del juicio que trataba de demostrar si el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) alicantino había sido amañado en favor de un empresario, Enrique Ortiz.
Para el alto tribunal, ante el que Alperi había recurrido la sentencia, el regalo por el que se le condenó, un viaje a la isla griega de Creta, tuvo lugar en agosto de 2008, mientras que el procedimiento dirigido contra él arrancó el 1 de octubre de 2012, “transcurrido con creces el plazo legal de prescripción de tres años previsto para el delito de cohecho impropio”, según el código penal vigente en esas fechas.
Vida Personal y Familiar
Casado y con cuatro hijos, Enrique Ortiz Selfa nació hace medio siglo en un pueblecito de Huesca. Desde muy joven trabajó en una modesta empresa, creada por su padre en los años 30 del pasado siglo. A la muerte de su padre asumió la dirección de la empresa, llamada Enrique Ortiz e Hijos, y amplió su actividad a la obra pública.
En 1999, el entonces alcalde Luis Díaz Alperi, le convenció para comprar al Hércules y salvar al equipo alicantino de su desesperada situación. Ortiz, que siempre había dicho que ni le gustaba ni le interesaba el fútbol, se convirtió en el mayor accionista del Hércules, al adquirir el 95% de las acciones e incluso llegó a ostentar el cargo de presidente durante unos meses.
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