El empresario Adrián Rodríguez Rodríguez es actualmente el administrador único de la sociedad Blue Solving, que gestiona la mina de Cerredo. Además, es propietario de la empresa Cristal Mining Coal, que aspira a reabrir otra explotación minera de carbón en la comarca leonesa de Laciana.
Inicios y Contexto Familiar
Adrián es hijo de José Manuel Rodríguez Morán, conocido en el sector minero como Chus Mirantes. Chus Mirantes acumula una trayectoria en la que se mezclan negocios carboneros, relaciones con rusos y ucranianos, un grave accidente minero, y un supuesto caso de tráfico de drogas que aún está pendiente de ser juzgado en Alicante. Empezó en el negocio carbonero de la mano de su padre, Manuel José Rodríguez Mirantes. A través de la empresa familiar Carbones y Gasóleos Rodríguez Mirantes S. A., vendían carbón por sacos para el mercado doméstico leonés y madrileño en los años 80.
Blue Solving y la Mina de Cerredo
Blue Solving, S.L. ya nace con Adrián como administrador. A pesar de que Blue Solving era una empresa sin solvencia técnica alguna, sin solvencia económica y con un joven al frente sin experiencia, se autorizó que recibiese la titularidad de la mina de Cerredo que mantenía Carbones de La Vega.
En 2022, la explotación estaba en manos de Combustibles Asturiana y Leonesa, mientras que en 2024 aparece vinculada a Blue Solving, una sociedad unipersonal creada con apenas 3.000 euros de capital. El administrador único de esta última es Adrián Rodríguez Rodríguez, hijo de José Manuel Rodríguez Mirantes, un empresario minero con causas judiciales pendientes tras el hallazgo de 400 kilos de cocaína en un cargamento vinculado a sus empresas.
Se da la circunstancia de que el actual propietario del permiso restringido para investigar en Cerredo, Adrián Rodríguez, es también el propietario de la empresa Cristal Mining Coal, que ha solicitado la concesión de uso privativo de terrenos de utilidad pública en la comarca lacianiega, propiedad de las entidades locales menores de Sosas de Laciana, Robles de Laciana y Villaseca de Laciana, con el objetivo de comenzar la actividad en la explotación minera de Sosas, denominada ‘Mina Petronila’.
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Accidente de 2022 y Señales Ignoradas
El siniestro ocurrido en 2022 en la misma explotación dejó un trabajador fallecido y otro gravemente herido con la amputación de una pierna. La inspección realizada entonces detectó numerosas deficiencias: el vehículo accidentado presentaba 26 fallos que impedían que pasase la ITV, mantenimiento deficiente del equipo, carencias en la formación del personal, falta de certificados de capacitación y una desorganización general de los trabajos.
Lo más alarmante fue la constatación de que "el carbón que transportaba el camión accidentado procedía de la plaza del sexto piso de la mina de interior, para la que no existía autorización de explotación, encontrándose en proceso de cierre". Ante estos hallazgos, los inspectores recomendaron abrir un expediente informativo, que aparentemente no tuvo las consecuencias necesarias para evitar la tragedia actual.
Subvenciones y Contexto Irregular
A pesar de las sospechas de irregularidades, las empresas vinculadas a esta explotación minera consiguieron subvenciones del Instituto de Transición Justa por valor de más de 1,5 millones de euros. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han aclarado que estas ayudas no estaban destinadas a actividades extractivas, sino a "recuperar antiguas instalaciones y valorizar materiales estratégicos".
Combustibles Asturiana y Leonesa recibió también fondos para una planta de briquetas de productos principalmente de origen mineral para uso industrial. Las autoridades ministeriales han subrayado que "todos los proyectos mineros deben cumplir la normativa y contar con los permisos preceptivos que otorgan las autoridades competentes".
Clasificación de Riesgo y Presencia de Grisú
La mina donde se produjo la reciente deflagración estaba clasificada como de "nivel 2" en cuanto al riesgo de presencia de grisú u otros gases inflamables, lo que la categorizaba como "débilmente grisuosa". Esta clasificación indica que en ella "pueden desprenderse en cantidad reducida grisú u otros gases inflamables", según establece el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
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La hipótesis inicial de los investigadores apunta, según La Nueva España, a que una deflagración ocasionada por la presencia de este gas invisible, compuesto principalmente por metano, habría causado el fatal accidente. Sin embargo, expertos del sector han expresado extrañeza ante este hecho, ya que los modernos sistemas de detección de grisú han reducido significativamente la posibilidad de explosiones en las últimas décadas.
Reacciones Institucionales
La consejera Belarmina Díaz ha convocado de urgencia para el próximo jueves a la Comisión Regional de Seguridad Minera, en línea con lo manifestado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien ha asegurado que la investigación se desarrollará con el "máximo rigor". Esta reunión había sido reclamada por el sindicato minero SOMA-FITAG-UGT.
Las familias de los fallecidos han alertado sobre la necesidad de verificar si los trabajos se realizaban bajo las condiciones de seguridad necesarias, especialmente en lo referente a la presencia de detectores de grisú y al cumplimiento de la normativa que limita El accidente de Cerredo se suma a una larga historia de siniestralidad en el sector minero español, que a pesar de las mejoras en seguridad, sigue presentando riesgos significativos para sus trabajadores.
La mina de Cerredo (Asturias) que se ha cobrado cinco vidas ya habia sido investigada por presunta extraccion ilegal. En 2022 hubo un accidente mortal y desde 2023 se registraron en el Principado denuncias con fotos y videos. La Comision de Minas que presidía la actual consejera de Transicion Ecológica, Belarmina Díaz, ya había señalado que no se obraba con normalidad y ahora Vox ha pedido una comision de investigacion. Acusa al Gobierno de Adrián Barbón de "mirar para otro lado" y permitir que la empresa siguiese explotando la mina "de forma ilegal".
La próxima semana se iniciarán visitas de campo en el lugar de los hechos, con técnicos que acompañarán a la Guardia Civil y a la Policía Judicial. "Los permisos estaban en regla. Lo que no está en regla son actuaciones, que es lo que hay que investigar ahora, y lo que hay que ver es lo que ha ocurrido con Blue Solving en este caso", ha apuntado la consejera.
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Durante la ultima decada la mina ha cambiado de dueños y actividad, una maniobra común para sortear expedientes y seguir recibiendo subvenciones. La actual titular es la sociedad Blue Solving.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reconoció ayer, durante su visita al municipio leonés de Villablino para asistir a la capilla ardiente de los mineros fallecidos en el accidente, que su gobierno tramita un proyecto minero y alertó de que estarán especialmente vigilante con las medidas de seguridad que plantee. De hecho, los sindicatos UGT y CCOO desvelaron que el presidente se ha comprometido con ellos a consultarles sobre las medidas de seguridad que plantee la empresa antes de una posible autorización de la reapertura de estas instalaciones.
Nacía una empresa de capital mínimo, sin trayectoria, sin estructura visible y con un administrador de apellido conocido: Blue Solving SL, con 3.000 euros de capital y dirigida por Adrián Rodríguez, hijo del empresario José Manuel Rodríguez Morán, a su vez pendiente de juicio por una causa mayor: el hallazgo de 400 kilos de cocaína en un cargamento de carbón vegetal procedente de sus empresas.
En cuanto estalló el escándalo, todas las miradas apuntaron a Belarmina Díaz, entonces consejera de Industria, Transición Ecológica y Minas. Su firma figura en la aprobación del proyecto. Su equipo no detectó -o no quiso detectar- que Blue Solving era la heredera operativa de una empresa sancionada. Su Dirección General no exigió el plan de labores. Cuando la presión aumentó, Belarmina dimitió. Lo hizo con un discurso elegante, en el que dijo no querer ser obstáculo para la investigación.
La empresa responsable de la mina de Cerredo en el momento del accidente mortal es Blue Solving, SL, administrada por Adrián Rodríguez Rodríguez. Ésta recibió la concesión el año pasado al ser vendida por la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa SL, administrada por su progenitora.
Controversias y Denuncias
Promining realizó un escrito similar de oposición a la reapertura de otra mina solicitada por el mismo grupo empresarial, de origen leonés, en la localidad de Sosas de Laciana, en la provincia de León.
El magnate minero criticó en su escrito que “No existe en el yacimiento de Cerredo ningún carbón de altas prestaciones. El yacimiento está más que reconocido por los muchos años de explotación y la calidad de sus carbones también. En el año 2008 se realizó por parte del IRMC un análisis exhaustivo de todos los yacimientos que estaban en explotación, entre ellos el de Cerredo. Las capas de carbón no son coquizables (en los términos que la UE define estos carbones como mineral estratégico) y mucho menos se pueden 'grafitar' ”. Para ellos lo que la empresa Blue Solving vendió como proyecto de innovación “Se trata de un burdo engaño tendente a justificar la reapertura de la mina”.
Promining denunciaba que el “permiso de investigación” con que contaba Blue Solving no avalaba ninguna extracción minera, ya que necesitaría la concesión minera y que, aún así, “estaría sujeta bien a una obligación de cierre irrevocable o alternativamente a la devolución de las Ayudas Percibidas tanto para el cierre y restauración de la mina, como para la explotación que en los últimos años llevó a cabo en este yacimiento la Compañía Minera Asturleonesa, S.A. (CMAL)”.
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