Antonio Torres, nacido en Lebrija el 4 de agosto de 1949, es un empresario cuya vida ha estado marcada por su incursión en la política, su activismo en defensa de la vida y su implicación en controversias legales en Andalucía, España.
Formación y Primeros Años
Proveniente de una familia campesina, Torres estudió bachillerato en un seminario antes de licenciarse en Psicología. En 1975, comenzó a impartir Psicología Dinámica y Técnicas Psicoanalíticas en la Universidad de Sevilla, labor que desempeñó hasta 1985.
Incursión en la Política
Entre 1979 y 1985, Antonio Torres compaginó su labor docente con la alcaldía de su localidad natal, Lebrija. Durante su tiempo como alcalde, Torres respaldó un encierro simultáneo de trabajadores del campo en el ayuntamiento lebrijano, reflejando los tiempos de lucha jornalera.
Activismo Provida
Torres ha estado involucrado en el movimiento provida, participando en la promoción de un nuevo partido político llamado Proyecto Avanza. Bajo el lema 'Otra España es posible', junto a Benigno Blanco hay más promotores: el empresario Antonio Torres y la exsenadora del PP Gari Durán, entre otros.
Proyecto Avanza se suma a los partidos extraparlamentarios que defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Este partido se suma a las opciones de otros partidos -todos ellos extraparlamentarios- que defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La nueva formación se presenta el 17 de junio en Madrid y no tendrá en sus filas ni a Ruiz-Gallardón ni a Jorge Fernández.
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En cuanto al ideario, además de ser provida, Proyecto Avanza aspira a representar otros principios del humanismo cristiano olvidados por el PP. Por ahora, en su página web encontramos que son partidarios de la libertad de pensamiento, educación y empresa; de la lucha contra la exclusión social y de la política abierta a todos.
Controversias Legales y la Faffe
La trayectoria de Antonio Torres también se ha visto salpicada por la controversia. En un auto fechado el 9 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla procesó a Antonio Torres por cobrar 491.203,03 euros “sin que conste que trabajara realmente” en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
Allí apareció como empleado hasta mayo de 2011, cuando la Faffe se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El exdirector de la Faffe creó un nuevo puesto para su amigo Torres, nombrándolo director de Relaciones Externas. Según el auto judicial, “Ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación ni desempeñaba trabajo alguno.
El magistrado añade: “No existe ninguna documentación que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal”. Una auditoría encargada por el Gobierno andaluz cifró en 8.844 las personas que entraron a trabajar de forma irregular a la Faffe entre 2009 y 2011.
Antonio Villén estaba citado este pasado viernes en la comisión de investigación del Parlamento andaluz que trata de dirimir responsabilidades políticas en el uso de las tarjetas de crédito de la fundación que presidió. Villén decidió no comparecer. Precisamente, Villén es quien decidió contratar como directivo a Torres tras dejar éste la alcaldía de su pueblo.
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En ella hace un repaso a su vida. Habla de sus años de juventud y de su cercanía moral y política con las clases sociales más pobres. Antonio Torres se llega a atribuir la creación del Plan de Empleo Rural (el antiguo PER) en Andalucía y Extremadura "como inversión transformadora de los pueblos". Pero un juez ha desmontado ahora esa fachada de bonhomía social de Torres.
Entre los tres que citó, señaló un acuerdo firmado en septiembre de 2005 con el Ministerio del Interior para favorecer la inserción laboral de mujeres reclusas. “Queda suficientemente clara mi dedicación y esfuerzo en las tareas de gestión realizadas”, dijo hace cinco años.
Caso José Sivianes Sánchez
Además, Antonio Torres Granado, hijo de Antonio Torres García, está implicado en el caso del empresario José Sivianes Sánchez, acusado de fraude en subvenciones para la formación. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha procesado al empresario José Sivianes Sánchez, propietario de la empresa Formación Integral para el Empleo, y a otras ocho personas, en relación con las ayudas que, en sólo cuatro años (en el período entre 2008 y 2011), recibió por importe 5.646.152,50 euros en subvenciones destinadas para cursos de formación de desempleados.
La juez considera que los imputados prepararon un "entramado documental" para justificar a la administración los gastos para recibir las subvenciones vinculadas a la formación profesional para el empleo, "sin haber realizado, realmente, buena parte de los gastos justificados, que sólo corresponderían a un 30% de los importes facturados, habiendo defraudado importes superiores a los 120.000 euros en los ejercicios fiscales 2011 y 2012".
Entre esos "cedentes de profesorado" figura Antonio Torres Granado, hijo del ex alcalde de Lebrija Antonio Torres García (PSOE) -que la juez Alaya investiga por su contratación en la Faffe-, que según la magistrada es el “mayor proveedor irregular de servicios de cesión de horas docentes” y que sólo tenía un “único cliente”, que era Formación Integral para el Empleo. En la cuenta de Antonio Torres figuran entradas por facturación de actividades de formación por importe de 661.000 euros. Y unas salidas en su mayoría en efectivo, por importe de 553.000 euros.
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Estas cifras junto "con el hecho de que su padre trabajase en un organismo público pagador de las subvenciones, permiten presumir que la retribución estipulada con Antonio Torres Granados por su colaboración era superior a la de otros moduleros", precisa la instructora.
El principal imputado, José Sivianes, llegó a tener hasta tres contables, y aunque los cursos, según la juez, se impartieron, el coste real fue del 70% menos de lo que se justificó ante la Junta. La juez también concluye que los cursos subvencionados fueron impartidos, pero el coste real de los mismos es "muy inferior al justificado", de forma que si el coste real de la hora de clase de un docente eran 20 euros, se facturaban a 80 euros.
Para la justificación de las subvenciones con facturas falsas, el empresario se habría de dos sociedades controladas por otro de los imputados, Vicafer Gestión y Bio Oil Doñana, que "operan en el sector del aceite como mayoristas, aunque las facturas realizadas son relativas a actividades para centros de impartición de cursos de formación, tales como alquiler de ordenadores y material de oficina".
| Año | Importe de las Subvenciones |
|---|---|
| 2008-2011 | 5.646.152,50 euros |
La juez considera que el fraude fue posible al amparo del sistema que regula la "Orden de 23 de Octubre del 2009, artículo 102, que desarrolla el Decreto 335/2009, de 23 de Septiembre por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y, se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas que posibilita que concedida la subvención por la Junta de Andalucía se transfiera el 75% del importe concedido, quedando el 25% restante aplazado hasta la finalización de la actividad y justificación de la subvención concedida. Limitándose la administración a una comprobación formal del dinero empleado , es decir, que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas".
En cuanto a los presuntos testaferros o "moduleros" que contrataban a los docentes, uno de ellos habría obtenido unas ganancias de más de 300.000 euros en sólo diez meses, entre abril de 2012 y febrero de 2013, según un informe de la Agencia Tributaria que está incorporado a la causa.
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