Victorino Alonso, conocido como el "rey del carbón" leonés, ha sido una figura central en la minería de León, con una influencia que se extendió a Asturias. Según Cristina Fanjul y Víctor del Reguero, autores del libro "Don Vito. Una historia de mafia, política y carbón", Alonso tuvo un papel similar al de José Ángel Fernández Villa, controlando la minería y haciendo "rehenes de su negocio a los mineros y sus familias".
El libro, una biografía no autorizada, relata los inicios de Alonso, hijo de un chamicero, y su ascenso hasta la adquisición de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). Fue a partir de ese momento que Alonso se transformó en un empresario al frente de un gran número de mineros, acumulando un poder que le permitió construir un imperio.
Nacido en León el 26 de Agosto de 1952, es Ingeniero Superior de Minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo. Una vez finalizados los estudios se centró exclusivamente en las empresas familiares, ocupando diversos puestos de trabajo de cara a obtener un amplio conocimiento de las distintas facetas de la explotación minera. A partir de 1985 asume responsabilidades de dirección en las empresas mineras familiares y se inicia la expansión del Grupo de Empresas Victorino Alonso con la adquisición de nuevas explotaciones que actualmente se integran en Unión Minera del Norte, S.A. En 2006 se hizo con el control de la compañía asturiana Hullas del Coto Cortés, S.A. que junto a Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A. conforman actualmente la empresa Coto Minero Cantábrico, S.A. En el año 2000 diversifica el Grupo Empresarial con la adquisición de dos empresas constructoras (Ferpi, S.A.
Los autores señalan que Alonso recibió un importante apoyo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente a través de la "reserva estratégica". Antonio Fernández Segura, entonces secretario de Estado de Energía, declaró que esta reserva fue "una mentira, un engaño". Además, Zapatero condonó a Alonso la devolución de carbón por valor de 500 millones, según explica el exministro José Manuel Soria en el libro.
El imperio de Alonso, sin embargo, dejó tras de sí "pobreza y una provincia totalmente desarmada". Víctor del Reguero resume: "Cuando se acabó el carbón, se acabó el alma de la provincia entera. Y además hipotecada por una política de prebendas y de dádivas de la cual ahora es complicado salir adelante".
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Según los autores, "Victorino y José Ángel Fernández Villa tuvieron una relación muy estrecha". El libro relata una reunión en la que Alonso estuvo de acuerdo con la idea de ampliar las ayudas al empresario y quitárselas a los sindicatos, lo que provocó una discusión con Villa.
El 26 de abril, Victorino Alonso se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de León para responder por las minas ilegales a cielo abierto del valle de Laciana, un desastre ecológico que desfiguró las montañas y arrasó espacios protegidos.
José Francisco Fernández Gatón, un exminero de la MSP, relata cómo la estrategia de Alonso priorizó la extracción rápida sobre la sostenibilidad y los puestos de trabajo. Otro exminero, Eduardo González Menaza, define la estrategia como un expolio que hipotecó el patrimonio natural del valle.
En 2003, ante el plan de abrir una mina cerca de Villaseca de Laciana, se creó la asociación Filón Verde. Tras la denuncia de la asociación y de un vecino, el Tribunal de Justicia de la UE obligó a España a detener los trabajos ilegales y restaurar el daño causado en 2011. La Fiscalía pide para él ocho años y medio de cárcel por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Según denuncia Filón Verde, de momento se han invertido 35 millones de euros en recuperar los terrenos dañados en la zona, salidos en su inmensa mayoría de las arcas públicas, del Ministerio de Transición Ecológica y de la Junta. La población de Villablino ha disminuido significativamente desde que se iniciaron los cielos abiertos.
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En 1996 vivían 15.284 personas en Villablino. En 2008, con los cielos abiertos aún en marcha, el censo se había reducido a 10.860 vecinos. Ya sin carbón, la población sigue cayendo, con 8.444 habitantes en 2020.
En el año 2000 diversifica el Grupo Empresarial con la adquisición de dos empresas constructoras (Ferpi, S.A.
El accidente del camionero Manuel Pérez de la Pascua en 1991 reveló un esquema de fraude en el que Victorino Alonso compraba carbón extranjero para hacerlo pasar por nacional, beneficiándose de las subvenciones estatales. Este esquema, aunque beneficioso para Alonso, representaba un fraude al Estado y mantenía parcheada una región tensionada.
A principios de los noventa, Victorino Alonso fue condenado por violencia doméstica. Además, Unión Fenosa demandó a sus empresas por fraude, aunque los tribunales leoneses desestimaron la demanda hasta que el caso llegó al Tribunal Supremo en 2010.
A pesar de las sospechas, la Administración puso en manos de Alonso el mayor conglomerado minero privado de España, principalmente durante los gobiernos socialistas, pero con la complicidad de los ejecutivos populares en Castilla y León. Alonso se enriqueció con una mezcla de argucias y subvenciones, siendo el "cupo" la herramienta legal clave de su negocio.
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El sindicalista Anatolio Díez considera a Victorino como un liquidador útil para las administraciones, mientras que Conrado Alonso Buitrón defiende su apoyo a Alonso por haber mantenido empleos en la minería. El libro, sin embargo, describe el contexto de la aparición de Victorino como un negocio basado en el nepotismo, la corrupción y el abuso.
En 2023, Alonso fue condenado a cinco años de cárcel por explotar una mina a cielo abierto sin licencia. Su caída se produjo porque ya no era útil para el Estado, superado por el cambio climático y la descarbonización.
Un episodio rocambolesco destaca en sus últimos años: la desaparición de 600.000 toneladas de carbón de sus reservas, que atribuyó "al viento". La industria carbonera murió en España en 2019, cuando Victorino echó el cierre tras ser condenado por el Supremo a pagar 46’8 millones de euros por la desaparición del mineral.
La Federación de Empresarios de León (Fele) se pronuncia este año de 2004, tan en el filo de lo imposible siempre, por el empresario leonés del año a favor de Manuel Lamelas Viloria, un hombre del Bierzo, inagotable, un trabajador desde los pies al corazón, un creador de riqueza, un animador de futuros, un minero entero y un labrador del buen aire en forma de parabólicas, o sea un empresario para el cual nada es imposible cuando en la aventura de vivir se pone entusiasmo y voluntad de acertar.
Es la historia que Cristina Fanjul y Víctor del Reguero cuentan en ‘Don Vito, una historia de mafia, política y carbón’ (Ed. Akal), en el que describen una trama de corrupción que orbita alrededor del empresario minero Victorino Alonso, pero que tiene otros «colaboradores necesarios» como administraciones, cargos políticos, sindicatos, empresarios y la «sociedad en general» para conformar un saqueo en toda regla de miles de millones de euros de fondos públicos que nunca llegaron a destinarse a sus fines.
«Es una historia de corrupción política alrededor de un ‘solucionador’ que los partidos políticos aprovechan para librarse de un problema y, a su vez, conseguir réditos», detalla Cristina Fanjul, periodista del Diario de León que, junto al historiador lacianiego Víctor del Reguero, firma una obra con la que ambos buscan que la sociedad reflexione sobre una extorsión perpetrada con luz y taquígrafos.
A lo largo de las casi 600 páginas de ‘Don Vito...’, hay testimonios de expresidentes autonómicos, exministros, exalcaldes de las cuencas mineras, exfiscales, empresarios, sindicalistas y, por supuesto, mineros, aunque también hay ausencias de protagonistas que no han querido dar su versión, pero que dicen mucho con su silencio, como el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, aseguran los autores, «convirtió, con su llegada al Gobierno, un problema particular de un señor en un tema de Estado».
También declinaron hablar con los autores el exministro de Industria Miguel Sebastián y expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, «cómplices como todos» de que las cuencas sean hoy «una sociedad absolutamente devastada y subvencionada, sin capacidad para salir adelante», refiere Fanjul.
«A Victorino Alonso le ha devorado su propio personaje», señala Víctor del Reguero, sobre declive del protagonista de ‘Don Vito, una historia de mafia, política y carbón’, un empresario minero «sin escrúpulos y extremadamente inteligente», hoy en prisión, paradójicamente por los delitos medioambientales cometidos por la explotación de los cielos abiertos de El Feixolín y Nueva Julia y no por ser el artífice «de la ruina de toda una sociedad», como remarcan los autores.
El libro indaga en el ‘abandono familiar’ de Alonso, que camufló para la opinión pública lo que era en realidad: «un maltratador condenado», remarca Cristina Fanjul, un personaje cuya ambición desmedida infló «el globo que no le interesaba pinchar a nadie», en palabras del fiscal Emilio Fernández.
«Esto pasó hace 30 años pero sigue imperando en las cuencas la moral del esclavo, agradecido por tener un techo en el que cobijarse», como define Cristina Fanjul la «gran mentira» del carbón que se contextualiza en la obra con aristas como la sobreprotección de la minería en una España sometida a un duro proceso de reconversión; el inestimable papel ‘facilitador’ del PSOE de León que vio en el sector una máquina de hacer votos; el del PP y las administraciones que no se quisieron enfrentar a la ira del ejército de mineros con el que se arropó Alonso... y Asturias, que también fue extorsionada por un ‘capo’ como el sindicalista José Ángel Fernández Villa.
Aunque Victorino Alonso cumple actualmente condena por delitos medioambientales en la prisión de Soto del Real, los autores del libro aseguran que su negocio sigue campando a sus anchas por los mismos territorios que expolió, a través de empresas auxiliares que actualmente se llevan los millonarios fondos públicos destinados a restaurar los destrozos que el propio empresario minero «cometió y que nunca pagó» pese a que estaba obligado por contrato al abrir cada explotación.
Una vez liquidado por las bravas el negocio del carbón, los ojos de Alonso se han vuelto hacia el maná de las renovables. Victorino Alonso empieza a saldar sus deudas con la Justicia.
La condición de 'insolvente' del que fuera el mayor empresario minero de este país le va a acarrear que su estancia entre rejas se alargue por impago y dificulta la concesión de un posible indulto.
Las condenas leonesas, por delito medioambiental, a un año y diez meses de cárcel por El Feixolín, en Villablino, y cuatro por Nueva Julia, en Cabrillanes, se tendrán que cumplir entre rejas, pero además van aparejadas a una responsabilidad civil millonaria que se traducirá en días de privación de libertad a mayores si Victorino Alonso no paga.
Victorino Alonso arrastra también una condena de 2016 por destruir la cueva de Chaves, un yacimiento neolítico que estaba dentro de un coto de caza propiedad de la sociedad Fimbas S.A. vinculada al empresario, en la localidad de Bastarás, en el municipio de Casba (Aragón), para colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, sin ningún tipo de autorización.
Lo que todavía no ha pagado son los 25,5 millones de euros de multa que se le pusieron y que deberá subsanar en principio de solidaridad con la empresa Fimbas.
Un dinero público destinado a restaurar la antigua mina de Alonso ya que las fianzas de la explotación resultaron insuficientes para devolver a su estado el cielo abierto.
La primera vez que aparecía el nombre del 'rey del carbón' en los Pandora Papers fue en septiembre del año 1996, cuando se constituye la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, “que expidió un poder general en nombre de Alonso unos días más tarde”.
Tampoco fue la única. Hubo otra más reciente en Panamá, a través de la sociedad Neilmar Investments, creada el 21 de junio de 2016. A nombre de esta empresa se abrió en mayo de 2017 una cuenta destinada “a la administración de inversiones en activos financieros”, resaltan.
En 1994 se hizo con la empresa privada de explotaciones carboníferas más grande del país, la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), que derivaría en otras como Uminsa o Coto Minero Cantábrico (CMC), y en una inabarcable lista de empresas más pequeñas que se daban servicios unas a otras y que formaban un complejísimo conglomerado difícil de controlar.
En un momento histórico en el que los cimientos de la economía de la provincia de León se sustentaban en el sector energético del carbón, daba empleo a tantos miles de trabajadores, de manera directa e indirecta porque todo giraba alrededor de la minería, que su nombre llegó tener más influencia que políticos de cualquier signo.
En 1997, siendo Secretario de Estado de Industria Nemesio Fernández (PP), expuso ante el Congreso de los Diputados sus sospechas por las actividades económicas de Alonso, a quien acusó de no clarificar contablemente su grupo de empresas, además de valorar como incomprensible que “el grupo de empresas compuesto por catorce sociedades presentara el pasado año (1996) unas pérdidas de 246 millones de pesetas con unas ventas globales de 49.399 millones y unos recursos propios de 10.000 millones y que se mantenga en fase expansiva de negocio”.
Hasta el momento Victorino Alonso tenía condenas por fraude de suministro de carbón o asuntos con Hacienda. En la última Marcha Negra del 2012 instigó a los mineros para que marcharan desde las cuencas mineras hasta Madrid como medida de presión para que se liberaran fondos para subvencionar sus empresas extractivas.
Después de la primera condena en firme del Supremo, a cuatro años de cárcel y el pago de 24,3 millones de euros por Nueva Julia, en mayo de este año, la Fiscalía solicitó su inmediata entrada en prisión o la retirada del pasaporte para evitar que se fugase.
Tras la segunda sentencia del Supremo a principios de junio, la del Feixolín que sumaba un año y 10 meses de cárcel, se volvió a reiterar la necesidad de su entrada en prisión para cumplir sus condenas.
Su nombre es uno de los más desconocidos de los Pandora Papers, pero en realidad la figura de Victorino Alonso merece más de una explicación. Más conocido como 'el rey del carbón', este empresario leonés ha conseguido hacerse millonario comprando pequeñas empresas mineras arruinadas para convertirlas en gigantes mineros con prácticas con una legalidad dudosa.
'Don vito', como le llaman sus trabajadores, es el autor de la barbaridad medioambiental más penada de toda la Unión Europea. El empresario fue condenado a abonar 170 millones de euros de multa por destrozar una zona protegida, la mina de 'El Feixolín', explotada por una de sus empresas durante más de 13 años.
Pero hasta que uno no contempla con sus propios ojos ‘El Feixolín’, no es verdaderamente consciente de la magnitud del destrozo. Es como si una monstruosa bomba hubiese detonado en mitad de estos montes protegidos. Una Reserva de la Biosfera violada hasta la náusea por la dinamita y las excavadoras. Una zona crítica para la conservación del Oso Pardo Cantábrico y el Urogallo -dos especies en peligro de extinción- ultrajada de forma salvaje.
Él trabajó para el empresario en una mina de interior de la poderosa MSP, la Minero Siderúrgica de Ponferrada, el que fue buque insignia de su imperio.
Hijo de una familia burguesa de León de la que heredó sus primeras minas, Alonso se hizo con la legendaria empresa en 1994, un año convulso para el sector del carbón. En plena reconversión, en las cuencas del Bierzo Alto y la Fabero-Sil se vivieron encierros de mineros y violentas protestas en las calles. Justo el ambiente en el que Alonso se siente cómodo.
Es el culmen a un agresivo plan de expansión que pone en marcha a principios de los 80, en plena crisis del carbón. Su estrategia, pura depredación: comprar explotaciones quebradas y convertirlas en máquinas de ganar dinero a base de subvenciones. Miles de millones de euros.
Negocia las ayudas al carbón con maniobras de desestabilización de las cuencas: amenazar con el cierre de minas y dejar de pagar unos meses las nóminas a sus trabajadores. Si lo cree conveniente, incluso algunos despidos. Así consigue azuzar a los mineros, sacarlos a la calle, cortar carreteras, montar barricadas, presionar al límite al gobierno de turno.
Ha sido condenado por delito fiscal en tres ocasiones y tres veces inhabilitado para recibir ayudas públicas. Misteriosamente, sus empresas se han mantenido, hasta 2012, entre las más subvencionadas del país. Todas sus grandes adquisiciones han sido investigadas por presuntas irregularidades. Pero todas han chocado contra el muro de un complejísimo entramado que nadie hasta ahora ha sido capaz de descifrar.
En 2010, fue condenado a pagar más de 13 millones a Unión Fenosa por el conocido ‘fraude del carbón’ de los años 90. Una trama urdida por Alonso gracias a la cual, durante años, estafó a la eléctrica suministrando carbón de bajísima calidad para una de sus centrales térmicas. En realidad era carbón malo mezclado con ceniza y piedras. En ocasiones, el mineral era ruso o chino, mucho más barato, camuflado como nacional para cobrar la subvención. Para poder hacerlo, tenía infiltrados entre los técnicos de la empresa que validaban los suministros.
Alonso le dijo al juez que se las debían haber llevado la lluvia y el viento. La hullera le reclama 46 millones. Además, un juzgado de Ponferrada investiga a UMINSA por, supuestamente, cobrar ayudas sin haber producido el carbón exigido para recibirlas. Según la denuncia, el fraude ascendería a otros de 53 millones de euros.
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