La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha generado un intenso debate con sus recientes propuestas dirigidas a empresarios, marcadas por la ampliación de permisos laborales y la reforma del despido improcedente. Estas iniciativas han provocado reacciones encontradas entre los agentes sociales, evidenciando la complejidad del diálogo social en España.
Ampliación del Permiso por Fallecimiento y Cuidados Paliativos
Yolanda Díaz ha vuelto a mover ficha sin consultar. La ampliación permiso por fallecimiento y la creación de uno para cuidados paliativos ha caído entre los agentes sociales como una decisión tomada de espaldas al diálogo social. Tras el anuncio de hace dos semanas de Díaz, el Ministerio de Trabajo envió este pasado domingo a los agentes sociales una propuesta de real decreto ley que concreta los detalles. Según el texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad -como hijos, padres, nietos o abuelos- se ampliaría de los actuales dos días a 10 días hábiles. En el caso de familiares por afinidad, como cuñados o abuelos del cónyuge, se mantendrán los dos días de permiso ampliables a cuatro, como hasta ahora, si el trabajador necesita desplazarse. Estos días podrían disfrutarse de forma continua o discontinua durante las cuatro semanas siguientes al fallecimiento o desde la entrega de los restos mortales de la persona fallecida.
La propuesta de real decreto también incorpora un nuevo permiso de hasta 15 días hábiles para atender a familiares en cuidados paliativos, siempre que se trate del cónyuge, pareja de hecho o parientes de hasta segundo grado de consanguinidad. Este permiso podría dividirse en dos periodos dentro de los tres meses posteriores a su inicio y hasta la fecha de fallecimiento de la persona que precisa de dichos cuidados y requerirá un informe médico que acredite la necesidad. Asimismo, solo podría solicitarse una vez por paciente, aunque es compatible con los permisos laborales por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización -de cinco días-, que contempla ya el Estatuto de los Trabajadores «si el paciente estuviera recibiendo los cuidados paliativos en régimen de atención domiciliaria».
Asimismo, el Ministerio de Trabajo propone extender a las situaciones de cuidados paliativos varios derechos de conciliación ya previstos en el Estatuto de los Trabajadores como la posibilidad de adaptar la jornada y de reducirla. Finalmente, la propuesta de real decreto que quiere aprobar Trabajo contiene otro permiso de un día para acompañar a una persona al ejercicio de su derecho a eutanasia. En este caso, no haría falta relación de consanguinidad, sino únicamente haber sido designado por quien solicita la eutanasia como la persona acompañante.
La ministra de Trabajo también ha asegurado que la propuesta permitiría adaptar la jornada laboral de esa persona para poder “acompañar en el momento de la despedida de un ser querido” o bien “incluso la reducción de la jornada” en este tipo de casos con un familiar en cuidados paliativos.
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Reacciones Empresariales
La CEOE ya ha manifestado su rechazo a la ampliación de estos permisos, cuyo presidente, Antonio Garamendi, calificó de «ocurrencia». La patronal criticó que estas medidas se plantearon sin diálogo social previo y sin un informe económico que analice su impacto.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido de que Díaz está poniendo en riesgo el diálogo social y la ha acusado de no estar a la altura de su cargo. "Es lo de siempre, lo está haciendo sin diálogo social, que lo dice porque parece que le viene bien, será para su carrera electoral. No sabemos nada, ya nos enteraremos ahora de las cosas. La realidad es que lo que está haciendo es trufando las cosas de ordenanzas, como se hacía antes de la democracia, va a poner en riesgo el diálogo social (...) Creo que como está haciendo las cosas no es el camino (...)Es un menosprecio total al diálogo social, con anuncios de este tipo, sin consultar, no sabemos si hay memoria económica o no... así que no puedo opinar (...) No son las formas ni el modo y sinceramente no creo que esté a la altura la ministra", ha dicho en declaraciones a los medios.
En la misma línea se ha manifestado Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA y vicepresidente también de la patronal, quien ha señalado a EL MUNDO que este tipo de anuncios "orillan el diálogo social". "De esto ni se ha comentado nada. Está castigando con más costes a empresas y autónomos. ¿Y por qué 10 días?", se pregunta, al tiempo que pide que deje negociar estos asuntos a la negociación colectiva como se ha hecho históricamente.
La posible ampliación del permiso por fallecimiento de 2 a 10 días afectaría directamente a empresa y autónomos, ya que se trata de un permiso remunerado para los trabajadores que corre a cargo de la compañía. Ampliar el número de días no sólo supone más días cobrando el salario sin trabajar, sino que podría agravar el problema de absentismo que tienen muchas empresas, ya que tendrían que estar diez días sin un trabajador.
Postura de los Sindicatos
UGT y CC OO, por su parte, también han recriminado a Trabajo que no haya abierto un proceso formal de negociación en la mesa de diálogo sobre estos permisos. En su lugar, Trabajo ha lanzado una propuesta «unilateral». En este sentido, han recordado que estas medidas implican la modificación del Estatuto de los Trabajadores, por lo que requiere ser tratado en el marco del diálogo social.
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"El Ministerio de Trabajo se ha precipitado al hacerlo de la manera en que lo ha hecho", criticó el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Tanto él como el secretario de Acción Sindical de CC OO, Javier Pacheco, abundaron en que modificar el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores solamente se puede hacer a través de un Real Decreto-Ley o a través de una ley, por lo que es mejor hacerlo con el concierto del diálogo social antes de que vaya al Parlamento.
Los sindicatos han admitido también que se han enterado por la prensa de la iniciativa de Díaz. "Hemos conocido ahora mismo el anuncio (...) España estaba a la cola de la protección del fallecimiento de familiares y de permisos excesivamente cortos, que hacían que muchísimos trabajadores tuvieran que cogerse la baja, porque no estaban en condiciones psicológicas de ir a trabajar con la cercanía de fallecimiento de un familiar cercano. Por tanto, es una buena noticia este incremento de los permisos por estas contingencias", ha celebrado Unai Sordo, secretario general de CCOO.
Aún así, él también ha reivindicado el papel del diálogo social: "Nos hubiera gustado que se hubiera abordado y fuera producto de un acuerdo en el marco del diálogo social, pero en todo caso España necesita mejorar en efecto este tipo de permisos, así que nos parece un buen anuncio".
UGT ha señalado que la medida, que han demandado en muchas ocasiones, "constituye un avance necesario en la protección de los derechos laborales y en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Asimismo, subrayamos que su justificación no es solo social o familiar, sino también desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales y la salud mental de las personas trabajadoras, especialmente en un contexto en el que el duelo requiere un tiempo de recuperación emocional y personal adecuado". Han destacado, además, que "la ampliación de este permiso nos igualaría con la situación que ya existe en los países europeos de nuestro entorno", pero también han reivindicado el papel del diálogo social: "Una modificación de esta naturaleza debe abordarse en el marco del diálogo social, con la participación activa de las organizaciones sindicales y empresariales, tal como establece nuestro modelo de relaciones laborales.
Reforma del Despido Improcedente
La reforma del despido improcedente es otro de los objetivos centrales del Ministerio de Trabajo. A pesar de las grandes dificultades para aprobar nuevas medidas, desde el Gobierno no se rinden para sacar adelante su hoja de ruta. En este caso, el despido improcedente es uno de los temas principales, y desde Trabajo ya se han puesto en marcha. Este lunes, el ministerio se reunió con los diferentes agentes sociales en una nueva mesa de diálogo con el objetivo de empezar las discusiones y tratar de llegar a un consenso.
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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende que el despido sin causas justificadas deje de ser barato para las empresas, al tiempo que la indemnización sea disuasoria y repare el daño provocado al trabajador. Sin embargo, la patronal no está de acuerdo con esta percepción, por lo que las negociaciones son necesarias.
Yolanda Díaz inicia el plazo para presentar propuestas. La reforma del despido es una de las metas que se ha marcado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Es por ello que la ministra ha encargado a los sindicatos presentar, en el plazo de tres semanas, una propuesta colectiva para reformar el despido improcedente. Así lo confirmaron ante los medios el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Según los dos representantes, el Ministerio de Trabajo ha dado a los agentes sociales un plazo de tres semanas para que presenten una propuesta para la reforma del despido improcedente.
Las discusiones comenzaron ayer y el objetivo es el de modificar esta norma lo antes posible, de tal forma que se endurezcan las sanciones a las empresas cuando despiden a un trabajador. El objetivo no es otro que conseguir que les salga muy caro a las empresas echar a sus empleados de manera improcedente, puesto que se considera que actualmente la legislación favorece al empresario.
El Debate sobre la Indemnización y la Carta Social Europea
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el Gobierno de España tiene que ver con la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales. Y es que tras recibir varias denuncias por parte de UGT y CC. OO, el comité condenó a España por vulnerar la Carta Social, invitando a España a cambiar su normativa. Según las reclamaciones de los sindicatos, la actual normativa no es suficientemente reparatoria del daño que supone un despido, así como tampoco es disuasoria como para evitar que las empresas recurran al despido cuando no hay una causa justificada para hacerlo.
En este sentido, tanto UGT como CC.OO consideran que España vulnera la Carta Social, puesto que los 33 días de indemnización por año trabajo cuando se produce un despido improcedente no son suficientes. A pesar de que el Comité Europeo dictaminó que España vulnera la Carta Social, el Tribunal Supremo no lo ve así. En julio de 2025, una sentencia del Supremo señalaba la inviabilidad de que se eleven las cuantías de los despidos improcedentes por vía judicial. Asimismo, se considera que no se está incumpliendo ni el artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni el artículo 24 de la Carta Social Europea, reiterando que la indemnización actual es adecuada, ya que ofrece "seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores".
Ante la posibilidad de modificar el despido improcedente, algunos de los puntos centrales planteados por los sindicatos son los siguientes:
- Indemnización resarcitoria y disuasoria
- Recuperación de los salarios de tramitación que se derogaron con la reforma laboral de 2012
- Valorar la posibilidad de readmisión
- Indemnizaciones que "contemplen los daños morales y el perjuicio del despido"
No obstante, aunque acaba de abrirse el plazo para presentar propuestas, parece que la patronal no dará su brazo a torcer.
La Respuesta de Yolanda Díaz a la Patronal
Después de que el presidente Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, anunciara el miércoles que no asistirá a la mesa negociadora de la reforma del despido, Díaz le ha respondido en TVE: "Está diciendo que nos rebelemos frente al derecho internacional". La ministra ha explicado entonces que la propuesta de modificación del despido para que sea "restaurativo" y se adapte a las circunstancias de cada trabajador emana de la Carta Social Europea, ratificada por España, por lo que es una obligación legal cumplirla.
"El Gobierno de España no está haciendo lo que le da la gana. Está cumpliendo con la fuente de Derecho europeo", ha afirmado, para después decir que "si el PP gobernara" también tendría que hacerlo, aunque "obviamente no" lo haría. Por eso, en su opinión, Garamendi "está haciendo una de extrema derecha" cuando se niega a negociar porque considera que la mesa se basa en "una premisa que no es cierta.
Cuando le ha acusado así, Díaz venía de explicar la lógica de la reforma del despido, para que no sea una cuantía prefijada (actualmente, en 33 días por año trabajado para los improcedentes), sino que se calcule de acuerdo a las características de la persona afectada, porque no es lo mismo un "joven que habla cinco idiomas y tiene una elevadísima cualificación", que una mujer de más de 50 años, sin formación y "elevado riesgo de exclusión en el mercado de trabajo". "Importa la edad, importa el género, importa su profesión, importan muchísimas cosas", ha resumido la vicepresidenta, que lo ha comparado con cómo se calculan las indemnizaciones, por ejemplo, tras un accidente de tráfico.
Conclusión
Los agentes sociales han sido convocados a una reunión el próximo 5 de noviembre, con la propuesta ya presentada, que, no obstante, debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y validada por el Congreso.
Tabla Resumen de Propuestas y Reacciones
| Propuesta | CEOE (Patronal) | Sindicatos (UGT, CCOO) |
|---|---|---|
| Ampliación permiso fallecimiento (2 a 10 días) | Rechazo, falta de diálogo y análisis económico | Recriminación por falta de negociación, pero ven positivo el incremento |
| Reforma del despido improcedente | Reticencia a modificar el sistema actual | Necesidad de indemnización resarcitoria y disuasoria |
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