Al referirnos al rol empresario en el golpe militar de 1976, no podemos hacerlo desde un punto de vista de “actores de reparto”. Hubo una total instigación y organización para que el blanco privilegiado del proyecto genocida sea la clase trabajadora.
La búsqueda del disciplinamiento laboral estuvo vinculada estrechamente con el terrorismo estatal, bajo la expresa orden de exterminar a lo que denominaban como “la guerrilla fabril”, referenciándola con todo tipo de organización, activismo y militancia obrera.
No obstante, el aporte empresarial al terrorismo de Estado fue variado. Según la importante investigación realizada en el libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, incluyó desde la organización meticulosa del secuestro de trabajadores en sus fábricas, hasta la entrega de información privada con direcciones y listados de delegados a las fuerzas represivas.
Desde aportes económicos y materiales para promover las acciones represivas, la promoción de operativos y asentamientos militares en las fábricas, hasta la presencia de cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta torturas. En tanto que la participación de oficiales de fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos, aseguraba el accionar represivo de conjunto.
La actuación conjunta se plasmó en que la propia empresa solicitó el secuestro de trabajadores y delegados gremiales a las fuerzas represivas, como lo denunció la esposa de uno de los secuestrados que, en su declaración judicial, refiere a una entrevista con un militar, quién “sacó de un cajón una lista en un papel tipo oficio con el logotipo de Ford, manifestándome: Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los trabajadores que queríamos que chupáramos”.
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Como denuncia Pedro Troiani, trabajador de Ford y ex detenido desaparecido, la empresa contaba con la aprobación del gobierno norteamericano, cuyos funcionarios tenían conocimiento de cada secuestro y desaparición relacionado con la fábrica.
Los mismos empresarios responsables (junto a la Iglesia y la burocracia sindical) del genocidio de la dictadura de 1976, que fueron menemistas en los 90 e hicieron fortunas durante el kirchnerismo, hoy apoyan al macrismo para obtener mayores ganancias.
Durante todos estos años, la Justicia, los gobiernos y partidos del régimen (PJ y UCR, entre otros) han hecho todo lo posible por evitar inculparlos de manera directa en la represión y desaparición de trabajadores. Donde se iniciaron juicios, se evitó el procesamiento de los acusados mediante el dictado de la falta de mérito.
Sin embargo, numerosas pruebas y evidencias aportadas por sobrevivientes, familiares de desaparecidos e investigadores muestran su culpabilidad. Se trata de la clase empresaria que no le tembló el pulso a la hora de imponer una derrota ejemplar a sangre y fuego a la clase trabajadora, para borrar toda perspectiva de lucha y de enfrentamiento al capitalismo argentino. Que se benefició económicamente con la estatización de la deuda, la especulación financiera y los contratos con el Estado, a costa de los padecimientos del pueblo trabajador.
El modo en que las empresas se involucraron en la represión a los trabajadores durante la dictadura muestra que se trató de una estrategia en la que los grupos económicos concentrados utilizaron al gobierno militar y el terrorismo de Estado a su servicio. No fue solo complicidad.
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En 1969 el Cordobazo había dado inicio a un proceso de luchas y ascenso del movimiento obrero. José Alfredo Martínez de Hoz lo decía sin tapujos, en su carácter de presidente del Consejo Empresario Argentino, durante una visita de un grupo de empresarios al general Jorge Rafael Videla (por entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto) en el año 1975.
Allí le manifestó que la preocupación de las patronales se centraba en que el accionar obrero que estaba “impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad” y le planteó que “el gobierno debía asegurar la libertad y el imperio del orden sobre todas las cosas”. Diez años después, ante la Comisión Investigadora Parlamentaria de la Cámara de Diputados (1984/85), el propio Martínez de Hoz confirmaba aquella reunión y esas palabras suyas.
En agosto de 1975, los grandes grupos empresariales fundaron la Apege (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias). Como señala Lucho Aguilar en la nota «Guerra» a la inflación. Así apoyaron el Golpe de 1976 los “formadores de precios” a los que quiere convencer el Gobierno, “pocas semanas después los Bunge &Born, los Blaquier, los Reyes Terrabusi y los industriales de las golosinas agrupados en la CIPA fundan la COPAL, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, Bebidas y Afines.
El ascenso obrero (…) también se sentía en sus fábricas. Rápidamente la Copal se convirtió en fanática de los preparativos golpistas. Más adelante señala que “su primer presidente fue un hombre de Bunge & Born, Enrique Eskenazi. El rol de los empresarios alimenticios lo resume Martínez de Hoz en un almuerzo en octubre de 1978: ‘Quiero expresar mi satisfacción por estar en este tercer aniversario de la Copal muy cerca de lo que será el tercer aniversario de nuestro gobierno.
Las Fuerzas Armadas se encargaron de perseguir el activismo que se había organizado desde los 60 en los ingenios azucareros, las alimenticias del Gran Buenos Aires, en los frigoríficos, desapareciendo a comisiones internas y cuerpos de delegados enteros.
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La participación de los empresarios en la dictadura se dio en varios sentidos: a través del aporte de información sobre los trabajadores, detenciones en los lugares de trabajo, militarización de las fábricas, agentes de inteligencia infiltrados; y brindando recursos económicos y materiales, desde movilidad para trasladar a los detenidos hasta la expresión más extrema que fue la instalación de centros ilegales de detención y tortura en los propios establecimientos, como ocurrió en los casos de Acindar, Ford, Ingenio La Fronterita, Astillero Río Santiago, La Veloz del Norte.
La represión fue acompañada de un conjunto de leyes que buscaban transformar las actividades sindicales: por un lado, la intervención de la mayoría de los grandes sindicatos y federaciones, que comenzó con la CGT y se extendió a decenas de organizaciones obreras y el retiro de la personería jurídica a otras.
Eso sí, se cuidaron de preservar “estratégicamente” a la mayoría de las capas altas de la burocracia sindical. Por otra parte, una serie de normas establecieron el congelamiento de la actividad gremial. Así se suspendió el derecho de huelga, se eliminó el fuero sindical, fue prohibida la actividad gremial y la ley de seguridad industrial prohibió cualquier medida concertada de acción directa, trabajo a desgano y baja de la producción.
Además de toda esta batería de medidas antiobreras, menos de un mes después del golpe, se retomó la relación con el FMI, en abril de 1976. “La deuda pública creció 5,5 veces durante la dictadura, pasando de U$S 8.085 millones en 1976 a U$S 45.065 millones en 1983.
Es el crecimiento más elevado en la historia que tuvo la deuda en un período tan breve de tiempo. Relata también que “el esquema económico de apertura y desregulación favoreció el endeudamiento externo privado por las grandes empresas, alcanzando los U$S 17.000 millones en 1981.
El juez Ballesteros llevó adelante una investigación que estableció la trama de esa descomunal estafa. Sevel, la automotriz de Franco Macri, adeudaba 124 millones de dólares en 1983 que fueron licuados por el Estado, Acindar 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, 62 millones. Algunos de estos grupos empresarios, además de haberles estatizado sus deudas, fueron beneficiados con licitaciones de obra pública. Se enriquecieron con negocios de la mano del estado genocida.
Ford es el caso emblemático: “Las peores torturas durante la dictadura las sufrimos en el quincho de la Ford”, declaraba Pedro Troiani, delegado de la planta de Pacheco que declaró en el juicio de la causa Ford. Este miércoles debía declarar exgerente de la automotriz, Juan Ronaldo Tasselkraut, único directivo de la empresa procesado por el secuestro de 18 trabajadores entre 1976 y 1977. Pero logró postergar una vez más su declaración indagatoria y finalmente lo hará el 29 de marzo y por zoom.
Sin dudas, en el podio encontramos también al multimillonario Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma en Jujuy. Además de multimillonario, Blaquier es abogado, doctor en derecho y ciencias sociales, coleccionista de arte, escritor y miembro de varias academias nacionales de Argentina.
El juez federal de Jujuy (norte), Fernando Poviña lo procesó sin prisión preventiva como supuesto "partícipe primario" de los 29 casos de secuestros y desapariciones y fijó un embargo por 1,5 millones de euros. También encausó el magistrado a quien era administrador del ingenio cuando ocurrieron los hechos, Alberto Lemos, pero lo hizo como supuesto "partícipe secundario".
Los 29 desaparecidos cayeron en la llamada "Noche del apagón", el 27 de julio de 1976. Entonces las patrullas militares irrumpieron en el pueblo, presuntamente guiadas por guardias y capataces de Ledesma. Los trasladaron al cuartel militar de la zona, donde fueron torturados. Tras varios días, la mayoría fue liberado y volvió a casa. Pero de Aredez y otros 28 nunca más se supo.
La investigación penal intenta establecer si Blaquier y Lemos soplaron los nombres y domicilios de aquella víctimas a los represores para que acometieran la carnicería. Los vehículos de su propiedad fueron usadasentre la madrugada posterior al golpe (entre el 24 y 25 marzo y durante el operativo conjunto de las fuerzas del Ejército, Gendarmería y Policía que se prolongó entre el 20 y el 27 de julio del 1976, conocido como el “Apagón de Ledesma”.
El empresario tal como confirmaron peritos, simula una enfermedad para evitar ser enjuiciado por sus crímenes: ser instigador y participar de la noche del apagón donde se secuestraron y desaparecieron a decenas de personas durante la última dictadura militar. A 46 años del genocidio de clase, son contados con los dedos los empresarios procesados por los crímenes y muchos menos los condenados.
Los exgerentes de Ford Pedro Müller (89) y Héctor Sibilla (94), fueron condenados en diciembre de 2018 a penas de diez y doce años de prisión por 24 casos de obreros secuestrados en dictadura. Sin embargo a más de cuatro años de esa sentencia siguen en sus casas. Blaquier sigue esquivando su presentación con diagnósticos de salud falsos.La Cámara Federal de Apelaciones salteña por mayoría, confirmó en agosto del año pasado, el tercer procesamiento contra el empresario de La Veloz del Norte, Marcos Levín, por las torturas a 17 trabajadores.
Cuatro empresarios azucareros fueron procesados por delitos de lesa humanidad en septiembre de 2021 en Tucumán por las torturas, privación ilegítima de la libertad y desaparición forzada de un total de 68 obreros del ingenio La Fronterita, donde funcionó un centro clandestino. En el caso de Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia, tras años de ser imputado en una causa por delitos de lesa humanidad contra dos obreros gráficos de su empresa, en 2016 fue beneficiado con una “falta de mérito”. Para no hablar de Ernestina Herrera de Noble, quien se murió impune.
Estos son algunos ejemplos de cómo la impunidad garantizada por todos los gobiernos y el Poder Judicial a los empresarios responsables, continúa hasta la actualidad. Argentina es el único país de Latinoamérica que enjuicia a todos sus dictadores y represores acusados de crímenes de lesa humanidad. Actualmente hay 13 juicios en curso.
El terrorismo de Estado no sólo eliminó a los subversivos por sus ideas políticas; también se apoderó de empresas para contribuir a un proceso de acumulación de capital del que se beneficiarían ciertas oligarquías locales. Durante la dictadura de 1976-1983 fueron secuestrados 111 empresarios y agentes de Bolsa, de los que 11 están desaparecidos. Esa es la conclusión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) tras analizar 500 actas, revisar documentos de todo tipo y entrevistar a empresarios secuestrados y apoderados a lo largo del último año.
El informe preliminar de esta investigación, que se inició a pedido de diferentes juzgados, se presentó ayer. Sin ahorrar nombres: en el punto de mira están 'Clarín' y la transferencia accionarial de Papel Prensa, las desapariciones relacionadas con el ingenio azucarero de Ledesma (en la provincia de Salta, al norte del país) y firmas como Acindar y Techint. Es, probablemente, la investigación más completa realizada hasta hoy sobre la trama financiera que sostuvo la dictadura, y que mantuvo después su poder.
"Habrá que determinar si estos hechos constituyen lo que se entiende como crímenes de lesa humanidad", ha advertido la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. No será fácil, sin embargo, depurar ciertas responsabilidades. Los economistas que han colaborado con el informe ven en esta alianza entre empresarios y militares un intento de imponer en Argentina "un experimento a escala real del modelo neoliberal", en palabras de Arturo O'Connell, ex director del Banco Central.
Fueron dos décadas, los 80 y los 90, de predominio de las políticas neoliberales en toda América Latina. En Argentina, el gobierno de Carlos Menem quedó para la historia como el símbolo de las privatizaciones, en las que muchos argentinos ven un robo a su pueblo. Los beneficiarios de aquella época de dólares fáciles y negocios especulativos fueron "el capital financiero extranjero y los grupos económicos locales", según Basualdo. Y, si toda acumulación implica un despojo, los perdedores fueron las clases medias y bajas de Argentina. Apenas un dato: en 1974, apenas un 4% de las familias argentinas no alcanzaban a comprar la cesta básica de alimentos; el 1992 ese porcentaje había trepado hasta el 20%.
La misma tesis defiende Naomi Klein en su ensayo 'La doctrina del shock'. La investigadora canadiense sostiene que las dictaduras militares que se hicieron en los 70 con todo el Cono Sur respondieron a la necesidad de imponer por la fuerza las políticas neoliberales que defendía la Escuela de Chicago.
Represores de la violenta dictadura militar de Argentina (1976-1983), algunos de ellos condenados por crímenes de lesa humanidad, escondieron en paraísos fiscales los bienes que robaron a sus víctimas. En concreto, han aparecido con cuentas en paraísos fiscales, aún activas, integrantes de lo que fue el Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que en la práctica fue un centro clandestino de detención y exterminio donde se torturaba y asesinaba a personas capturadas que el gobierno no reconocía tener detenidas.
El diario argentino Página 12 ha desvelado que hay registros en Panamá, Miami y Sudáfrica a nombre de Ricardo Miguel Cavallo, condenado por crímenes contra la humanidad, y de Norma Radice, hermana de Jorge Radice, también condenado por crímenes de lesa humanidad por su participación en el centro clandestino de detención y exterminio del Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La información, sin embargo, no es del todo sorprende. La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina logró probar que empresas radicadas en paraísos fiscales habían estado inyectando importantes cantidades de dinero a empresas argentinas vinculadas a los mencionados militares. El organismo anticorrupción argentino llegó a pedir la colaboración de los organismos y entidades financieras de los países donde se encontraban las empresas al entender que podría tratarse de lavado de dinero del robo de bienes a los desaparecidos.
La cifra general de 30.000 desaparecidos, defendida siempre por los organismos de derechos humanos y la izquierda, se consagró como verdad acaso por uso y costumbre. El primer recuento oficial se realizó en 1984 por la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP), encabezada por el escritor Ernesto Sábato y más personalidades, con la democracia recién recuperada, en base a testimonios recogidos artesanalmente.
Allí se describía el horror de la dictadura de derechas del general Jorge Videla que en 1976 había derrocado a la presidenta María Martínez, viuda de Perón. Montó campos de concentración en los cuarteles pero no sólo aniquiló a combatientes armados. También secuestró a sindicalistas, activistas, estudiantes, curas, y hasta a algunas madres de desaparecidos. Videla murió en 2013, a sus 87 años, purgando condena a cadena perpetua.
Pasaron tres meses y ante la insistencia de Magioncalda a la Oficina Anticorrupción, el Ejecutivo argentino se ha visto obligado a destapar el único archivo estatal del tema. De ellos, 6.348 cayeron en la dictadura, es decir menos de una cuarta parte (21,16% de los 30.000 que se creía) y 952 fueron asesinatos (sin ocultamiento del cadáver). De la cifra general de desaparecidos en ambos períodos -7.510- el informe revela cuántos eran extranjeros. De aquel número 43 eran españoles nativos y otros 18 se habían nacionalizado argentinos.
En la Embajada de España en Argentina coinciden en general con las cifras. “La protección brindada por el Consulado comprende un listado de alrededor de 40 españoles desaparecidos”, asegura una fuente diplomática a este diario. En junio de 2013 la embajada española en Buenos Aires entregó a Argentina sus archivos digitalizados sobre los 607 españoles o descendientes de españoles desaparecidos durante la dictadura argentina en un acto en el que participó el juez Baltasar Garzón, como recogió la agencia Efe entonces.
"Se salda una deuda histórica con las víctimas españolas", declaró Garzón entonces. El Senado de Argentina distinguió en mayo del año pasado a los diplomáticos españoles Vicente Ramírez Montesinos y José Luis Dicenta Ballester por el auxilio que durante la dictadura prestaron a los familiares de españoles víctimas de la dictadura que se acercaban a pedir ayuda al Consulado de España.
María Consuelo Castaño Blanco, una gallega que de niña emigró a Argentina y encabeza la Comisión de Desaparecidos Españoles, asegura que “nuestros números son diferentes: cerca de 100 españoles nativos [frente a los 61 nativos según el informe oficial argentino] y alrededor de 2.000 descendientes”.
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