Felipe Guerra, un empresario cuyo nombre ha resonado en diversos ámbitos, desde el empresarial hasta el público, nació en Las Palmas de Gran Canaria el 31 de Julio de 1968. Está casado y es padre de dos hijos, Ignacio y Álvaro. Su trayectoria profesional es un testimonio de esfuerzo y dedicación.
Primeros Pasos en el Mundo Laboral
Al terminar el Bachillerato (B.U.P.), Felipe Guerra decidió integrarse en el mercado laboral. Entre los años 1986 y 1995, trabajó en el departamento comercial de varias empresas: Asesores informáticos Canarios, Maya Informática (Grupo Maya) y Diama. Este período solo se vio interrumpido en 1992, cuando realizó el Servicio Militar.
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
Junto con su esposa, Vicky, Felipe Guerra fundó en 1996 una pequeña empresa familiar del sector del comercio. Esta iniciativa surgió tras completar un Máster de Creación y Dirección de Empresas en la Escuela de Organización Industrial (E.O.I.).
Participación en Organizaciones Empresariales
En el mundo empresarial, Felipe Guerra ha pertenecido a varias organizaciones. Entre ellas, fue Presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Siete Palmas, miembro del pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas, presidente de la Confederación Regional de Zonas Comerciales Abiertas y miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Regional del Comercio, entre otras instituciones.
Investigaciones y Contexto Político: La Operación Valka
En tiempos recientes, el nombre de Felipe Guerra ha aparecido en el contexto de investigaciones relacionadas con el urbanismo en Las Palmas de Gran Canaria. La denominada Operación Valka, llevada a cabo por la Guardia Civil, indaga posibles delitos relacionados con decisiones urbanísticas y adjudicaciones de contratos.
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Se investiga la posible existencia de una trama organizada para favorecer ilícitamente a determinados empresarios a través de decisiones urbanísticas y administrativas contrarias al interés general. También se analiza si hubo adjudicaciones fraudulentas de encomiendas de obras y contratos.
Según Canarias7, Felipe Guerra fue socio de Miguel Ángel Padrón, antiguo jefe de Parques y Jardines, en la empresa EsVertical. La mercantil se constituyó hace una década y estuvo activa hasta octubre de 2021. Padrón ejerció como alto cargo municipal entre mayo de 2005 y junio de 2020.
La Operación Valka es una pieza separada de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en la urbanización Tamaraceite Sur. El origen de la investigación se remonta a mayo del año pasado, cuando Rehoyas Avanza interpuso una denuncia por irregularidades en las permutas de terrenos en Tamaraceite Sur.
El portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, ha señalado que Darias tiene constancia «de que se han adjudicado contratos en distintas áreas con la sociedad que es objeto de investigación».
El PP ha sido especialmente crítico con Darias, entendiendo que debería haber anunciado «un análisis minucioso» de los expedientes afectados. Esta formación ha anunciado que se personaran en el caso.
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«La alcaldesa ha salido para echar balones fuera, para decir que todo sucedió en la época del PP, pero los investigadores ponen el foco desde 2008», asegura la portavoz popular, Jimena Delgado.
Es importante mencionar que, entre enero y mayo de 2008, Carolina Darias ejerció como directora de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Las Palmas.
Paralelismos con la Doctrina Social Católica y el Paternalismo Industrial
Aunque en un contexto diferente, es interesante observar cómo la figura de Felipe Guerra, en su rol de empresario, puede ser analizada a la luz de conceptos como el paternalismo industrial y la doctrina social católica. Estos conceptos, que tuvieron un auge particular durante el franquismo, se referían a prácticas empresariales donde los dueños buscaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, más allá de lo legalmente exigido.
El paternalismo industrial, también conocido como "subsidiarismo empresarial" o "feudalismo industrial", buscaba evitar la autoorganización obrera y mantener la dominación a través de acciones aparentemente humanitarias. Con la irrupción del socialismo, este paternalismo se ideologizó, defendido por pensadores católicos que influyeron en los católicos sociales españoles.
En la España franquista, la doctrina social católica colaboró a sacralizar estas medidas, siempre bajo el prisma anti-socialista y de rechazo hacia la lucha de clases, pero también contra el capitalismo extremo y la explotación obrera.
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¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia? Historia y fundamentos
En la Carta-Encíclica Rerum Novarum, León XIII criticaba al socialismo y proponía "el remedio verdadero: la Doctrina católica".
Autores como Ignacio Fernández de Castro criticaban a los empresarios católico-capitalistas españoles por su falta de "verdadera conciencia de pecado por su conducta capitalista".
Juan José Alonso Grijalba y los Laboratorios Alter
Para entender mejor este contexto, podemos analizar el caso de Juan José Alonso Grijalba (1894-1962), fundador de los Laboratorios Alter. Alonso Grijalba fue un firme defensor de la doctrina social católica y la aplicó en su empresa. Su visión era la de un "patronazgo patriarcal", buscando convertir Alter en una "fábrica-convento" bajo los principios del humanismo católico.
Alonso Grijalba nació en Baños de Río Tobía en 1894. Estudió Farmacia y, tras varios trabajos, fundó los Laboratorios Alter en 1938. En los primeros meses de posguerra, Alonso Grijalba decidió trasladarse a Madrid.
En 1957, Alonso Grijalba constituyó el grupo empresarial Alter, en el que se reunieron todas las actividades desarrolladas bajo el paraguas de la sociedad Juan José Alonso S.A. Además de Laboratorios Alter y el negocio vitivinícola, mantenido a través de Bodegas Riojanas, las actividades del Grupo Alter se extendían al Instituto Terapéutico S.A. (INTESA), construido en 1948 tras la absorción de Laboratorios Bagazgotia; a la distribución de sus productos, mediante Quifasa, una empresa fundada en 1948, con sede en Pamplona y sucursales en Barcelona y Granada; a la fabricación de ampollas inyectables y a la producción de maquinaria de envasado para la industria farmacéutica, tareas desarrolladas desde Envases Industriales S.A.
Era hijo de Bernardo de Campos Arredondo (Almería, 1786-Almería, 1844) y de Antonia Rambaud Schiafino. Sus abuelos paternos fueron José de Campos Vázquez (Almería) y María Arredondo Ximénez (Cabra, Córdoba). Bernardo de Campos Arredondo, casado en 1.as nupcias con Antonia Rambaud Schiaffino (Almería, ¿?-Almería, 1814), tuvo, además de Bernardo, los siguientes hijos: Manuel, Tomás, Antonio -que murió a la menor edad, poco después que su madre- y Andrés de Campos Rambaud.
Bernardo de Campos Arredondo estudió en el colegio mayor de San Bartolomé y Santiago de la Universidad de Granada, donde obtuvo el título de bachiller en Filosofía en 1796. Durante la dominación francesa, como cobrador del repartimiento, tuvo que recaudar los 32.000 rs. de sueldos atrasados del ejército francés dirigido por el general Belair; además tuvo que adelantar personalmente 1.000 rs. para comprar zapatos al ejército invasor. Después se dedicó al comercio y llegó a ser una de las grandes firmas de importación y exportación tanto de productos agrícolas (barrilla) como minerales (plomo).
De tendencias liberales, comenzó su carrera política en el Ayuntamiento de Almería siendo regidor en 1811, después fue alcalde 1.º en 1821, regidor en 1833, síndico en 1835, 1838 y 1840, otra vez alcalde en 1843 y nuevamente regidor en 1844 poco antes de morir. En 1821 pidió al Gobierno no cerrar el convento de los Dominicos por estar depositada en su iglesia la imagen de la Virgen del Mar, lo cual se le concedió. Y ese mismo año instituyó la Junta de Beneficencia cumpliendo la R.O. Durante la desamortización eclesiástica adquirió el edificio del convento de San Francisco.
Se rumoreó que iba a presentar candidatura de diputado a Cortes en 1836 y realmente obtuvo algunos votos; pero sí fue juez de hecho ese mismo año, y años más tarde secretario del Casino de Almería, en 1840, cuando era presidente del mismo Joaquín de Vilches, su fundador.
Candidato a senador en 1837, no salió elegido. Bernardo de Campos Rambaud se casó con Ana de Medina Jiménez (Almería, 1815-Almería, 27.07.1897). Ana de Medina era hija de Rafael de Medina Moreno -hijo a su vez del rico propietario Rafael de Medina y Lafita- y de María de las Mercedes Jiménez.
José de Campos Medina (Almería, 1845-Almería, 15.12.1900) contrajo matrimonio con Clotilde Sánchez Barranco (Almería, 1846-Benahadux, 30.06.1910) y tuvieron por hijos a Ana, Clotilde, Dolores y Bernardo de Campos Sánchez. Este último, que falleció en 1918 a causa de la gripe española, se había casado con Presentación Peral Obispo.
José de Campos Medina se inició como empresario en el negocio minero en los años 70 del siglo XIX en Bayárcal y Dalías. En 1882, José de Campos estaba en la Junta municipal de Asociados para el año económico de 1882-1883 en la sección de propietarios de fincas urbanas; su padre estaba en la sección de cultivos y ganadería.
Rafael de Campos Medina (Almería, 1840-Almería, 1896) se casó con Ana Orozco Baños (Vera, 1836-Almería, 08.10.1923), hermana de Juan Antonio, diputado a Cortes, e hija del eminente progresista Francisco Orozco Gerez. Este matrimonio no tuvo descendencia ya que se separaron judicialmente tras un pleito de divorcio.
Rafael de Campos Medina abrazó el ideal republicano y durante el Sexenio Revolucionario fue concejal del Ayuntamiento de Almería en dos ocasiones: la primera de ellas desde el 1 de enero de 1869, y la segunda durante el primer periodo republicano (05.04.1873). Al ser propietario de tierras en la vega de Almería -en el pago de la acequia del Jaúl, donde tenía derecho a 6 horas y dos cuartos de agua de riego- fue uno de los síndicos del sindicato de riegos de Almería hasta 1865, en que cesó por incompatibilidad, al ser elegido diputado a Cortes.
La Junta Revolucionaria de Almería de 1869 suprimió el sindicato, pero ante la avalancha de demandas que se presentaban en el juzgado por el reparto de aguas, el primer gobernador civil del Sexenio Revolucionario -José Pascasio de Escoriaza y Cardona- nombró director a Bernardo de Campos Rambaud por su decreto de 24 de mayo de 1869 y restableció aquel organismo administrativo. El Ayuntamiento apeló esta decisión, pero el Gobierno provisional, por medio del ministro de Fomento -Manuel Ruiz Zorrilla-, confirmó aquella providencia gubernativa el 16 de agosto de 1869. Años más tarde, en enero de 1884 fue nombrado otra vez presidente de este sindicato de regantes.
En 1871 es el cuarto mayor contribuyente de la provincia, aportando al Tesoro 5.088,36 ptas.; en 1875 ya pagaba más de 5.600 ptas. por las propiedades que tenía en Almería, Benahadux y Gádor. Era titular de minas en Bayárcal, Felix, Huebro, Huércal de Almería, Níjar, Pechina, Presidio, Rioja, y en otros puntos de las sierras de Gádor y Alhamilla.
El 12 de noviembre de 1876 participó en una reunión de propietarios que querían fundar en Almería la Liga de los Contribuyentes, cuyo objetivo era salvaguardar los intereses de las clases productoras mercantiles e industriales y los de la provincia en general, frente a la voracidad impositiva del Tesoro. Encargó el diseño de la Casa de las Dos Torres al arquitecto Enrique López Rull. La casa estaba cerca del antiguo cortijo que la familia poseía en la vega de Benahadux, y sus obras finalizaron en 1868. Posteriormente se construyó una pequeña ermita cerca de la casa principal. Esta finca la había comprado en calidad de bien desamortizado en 1842, propiedad del convento de la Concepción de Almería, por un valor de 2.985 rs.
En 1873 fue elegido miembro de la Junta Municipal de Asociados de Benahadux, encargada de repartir los impuestos, por la sección de propietarios forasteros. Entre sus actividades sociales destacan la de ser secretario del Casino, fundado en 1847 por el político moderado Joaquín de Vilches y Baeza. Presidente de la Sociedad del Casino hasta 1872 en que la sede se trasladó a una casa propiedad de Francisco Orozco en la Plaza de San Pedro. Francisco Orozco, que había costeado todos los gastos del traslado, fue quien le sucedió en la presidencia. Miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Almería hasta su fallecimiento; pertenecer a esta institución le otorgaba el derecho de poder elegir un senador.
El 29 de enero de 1883 recibió la encomienda de la orden de Isabel la Católica, hecho que celebró en los locales del Casino de Almería. Su carrera política comienza en las filas del Partido Moderado cuando fue elegido concejal en noviembre de 1845 por el distrito de San Sebastián de Almería y fue designado 3.er teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería el 1 de enero de 1846.
Después, electo diputado provincial por el partido judicial de Almería, tomó posesión el 15 de agosto de 1847, pero es necesario hacer constar que no hay libros de actas de la Diputación desde diciembre de 1845 hasta agosto de 1847. Presentó su candidatura a diputado a Cortes en las elecciones de 1850 por el distrito electoral de Almería, encuadrado en el grupo de los “moderados puritanos” frente a los candidatos moderados ministeriales Juan Felipe Martínez Almagro y Francisco Javier de León Bendicho. Vuelve a la política local y en 1852 lo encontramos como regidor del Ayuntamiento de Almería.
En 1853 volvió a presentarse para diputado a Cortes con el mismo resultado que en 1850 por lo que permaneció en su cargo de concejal. Mientras alternaba sus cargos políticos entre el ayuntamiento y la diputación, fue nombrado secretario de la Junta de Agricultura de la provincia de Almería por R.O. de 15 de mayo de 1848, cesando en 1856. También fue vocal de la Junta Provincial de Beneficencia en 1857. Tras el Bienio Progresista fue regidor del Ayuntamiento de Almería en julio de 1856, y se vinculó a la Unión Liberal a través de la sociedad “El Costum”.
Se presentó por tercera vez al Congreso en 1865. Tras la campaña electoral y la celebración de los comicios salieron elegidos, por este orden, Bernardo de Toro, Juan Miguel del Arenal, Bernardo de Campos Rambaud, Antonio José Luque -al que el secretario de la mesa de Huércal-Overa escamoteó 246 votos al llamarlo Ángel José-, Antonio Abellán y José Fernández de la Hoz. El gobernador civil remitió las actas y las protestas a las mismas al ministro de la Gobernación y como consecuencia de todo ello la provincia eligió un diputado menos.
Francisco de las Rivas y Urtiaga, Ángel Barroeta Márquez y Cristóbal Campoy Navarro presentaron un escrito de protesta a la comisión de actas del Congreso denunciando estas irregularidades en la adjudicación de votos, pidiendo la nulidad de las mismas y solicitando la repetición de las elecciones.
En 1879, tras la destitución en pleno del Ayuntamiento de Almería, llevada a efecto por el gobernador civil Ángel Echalecu Solance, su nombre volvió a tomarse en cuenta para ser concejal. Fue elegido diputado a Cortes en las elecciones del 1 de diciembre de 1865 por la circunscripción de Almería, distrito de Almería, para la legislatura de 1865-1866 y permaneció en el Congreso entre marzo y diciembre de 1866. Presentó el acta de elección el 29 de enero de 1866 y la Comisión de actas emitió dictamen favorable el 6 de abril.
El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang, más conocido como Teodorín, ha mostrado en sus redes sociales a los dos españoles de la empresa Wayang Teknical, David Rodríguez Ballesta y Javier Marañón Montero, que se encuentran detenidos desde enero en la cárcel de Black Beach por varios presuntos delitos de corrupción, como fraude y soborno.
En las imágenes difundidas por la televisión guineana, se puede ver juntos a Rodríguez y Marañón durante una comparecencia en enero antes de ser detenidos. «Los empleados han admitido ser piezas claves en el esquema de corrupción montado para saquear al Gobierno a través del proyecto TDT», indica la voz del presentador de la noticia sobre ambos españoles.
«La empresa ha recibido a fecha de hoy el 50% de los 20.000 millones de francos CFA (30,5 millones de euros al cambio actual), pero de las 12 unidades a trabajar, solo cuatro podrían ser recepcionadas incluso con deficiencias graves. Ninguna está lista», prosigue el locutor.
Tras ello, se mostró un extracto de la rueda de prensa del fiscal general de la República, Anatolio Nzang Nguema, en la que detalló que la empresa española solo había invertido 3.357 millones de francos CFA (5,1 millones de euros), por lo que los montos están «altamente inflados» debido a las presuntas mordidas.
Además, el régimen de Teodoro Obiang puso en busca y captura al también español Roberto Martín Hernández como «principal cabecilla» de la trama. Este último es socio de José Luis Romero Ruiz, el empresario granadino dueño de Wayang Teknical al que Malabo acusa desde abril de los presuntos delitos de fraude y soborno que habrían ocasionado «un grave perjuicio» a la administración pública de la excolonia española.
«El modus operandi de la empresa, a través de Roberto Martín, era crear una contabilidad paralela con nombres en clave de personalidades y altos funcionarios públicos que recibían sobornos en el esquema de corrupción creado por ellos para tapar sus verdaderas identidades.
La televisión ecuatoguineana, por su parte, incidió en que los españoles detenidos «han admitido ser piezas claves en el esquema de corrupción montado para saquear al Gobierno a través del proyecto TDT», ya que tanto David Rodríguez como Javier Marañón revelaron «por qué se habilitó una lista de personas, instituciones y altos funcionarios del Gobierno», sin embargo fuentes familiares niegan que Rodríguez y Marañón hayan admitido algún delito.
Eso sí, se incluyeron extractos de declaraciones judiciales de ambos. «Yo sé que hubo una reunión al respecto porque me pilló en la oficina. Viene cada una o dos semanas, se va. Hemos tenido reuniones con los diferentes ministros, tanto de Telecomunicaciones como de Información, estando yo presente en esas reuniones. Sé que para liberar los pagos se le dio dinero a alguien. Hay que conseguir que el ministro de turno ayude», relató Rodríguez.
Por su parte, Marañón reveló lo siguiente en el interrogatorio: «(Me decían) ‘Javier, hay que sacar tanto de tal cuenta’. Se sacaba y si eran 20, me devolvían cinco. De 25, me devolvían seis o siete.
El Parlamento Europeo reclamó la pasada semana a las autoridades de Guinea Ecuatorial «medidas inmediatas e incondicionales», incluyendo el levantamiento de la prisión preventiva para los dos españoles Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, detenidos por un supuesto caso de corrupción. En una resolución, la Eurocámara condenó las «condiciones inaceptables de detención» y los «malos tratos» infligidos a los presos en Guinea Ecuatorial, reiterando que las autoridades deben garantizar el bienestar de ambos detenidos españoles y respetar su derecho a un juicio justo, atención médica y asesoramiento jurídico.
Los eurodiputados aprovechan igualmente para denunciar la «persecución continuada de la oposición política» y las graves restricciones a la libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen de Obiang, en el poder desde 1979.
Los dos españoles, primero y tercero por la izquierda, tras sus respectivas detenciones. Teodorín ejerce cada vez más como presidente de facto del país africano en sustitución de su padre, que apenas se deja ver en público. Los dos empleados españoles llevaban detenidos desde enero, pero fue en mayo cuando se formularon cargos contra ellos y se dio publicidad a su «prisión provisional» para que comparecieran ante el juez instructor.
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