José Luis Ulibarri Cormenzana ha formado parte del 'paisaje' empresarial de Castilla y León durante los últimos 30 años. Aparejador de profesión, también ha estado presente en la política y en la última década judicial.
El constructor y presidente de Elodea, heredera del Grupo Begar, José Luis Ulibarri, está imputado desde 2008 en la trama mafiosa Gürtel. El fiscal le acusa de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil, pudiendo ser condenado a 7 años y 1 mes de cárcel si el tribunal acepta la petición de la Fiscalía.
Al conocido como “Ciudadano Kane” por su conglomerado mediático en Castilla y León, ya se le conocían cinco supuestos delitos el 27 de noviembre de 2014. Esto no fue impedimento para que el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido entonces por María Dolores de Cospedal, le concediera un contrato de 34 millones de euros. Cualquier otra administración le hubiera negado este contrato por su supuesta implicación en la red corrupta liderada por Francisco Correa.
Situación Financiera de Elodea
Lo preocupante ahora es la situación económica por la que atraviesa el holding empresarial de Ulibarri. El Juzgado Nº 8 de lo Mercantil de Madrid dio luz verde a su solicitud de declarar concurso de acreedores en su empresa Elodea. Este es el mayor concurso en cuanto a cuantía de la historia de Castilla y León, comunidad que acoge la sede empresarial del constructor.
Sus proveedores tendrán que hacer malabarismos para recuperar los 189,6 millones de euros que adeuda el imputado por supuesta corrupción, cuyos activos apenas alcanzan los 35 millones de euros. Difícil lo tienen sus acreedores, que a buen seguro tendrán que aceptar quitas sobre la deuda, objetivo final del deudor Ulibarri.
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Elodea, el grupo constructor heredero de Begar, ha entrado en concurso de acreedores con una deuda de 189,63 millones de euros y un activo de solo 34,84 millones. El seis de julio pasado, el juzgado de lo mercantil 8 de Madrid tramitó la declaración del concurso.
Elodea, la marca con la que opera desde hace unos años el Grupo Begar, ha sobrevivido al crash de muchos de sus competidores, pero al final ha caído. Ha presentado en el juzgado un escrito "invocando la insolvencia actual" de la empresa. En la documentación señala "un activo declarado por valor total de 34.846.426,89 euros y una relación de acreedores declarada por un total de pasivo que asciende a 189.639.669,85 euros", según el auto del juez que designa administrador concursal.
En abril, las cajas de ahorro comienzan a resentirse en sus cuentas por tanto crédito fallido a constructoras. A mediados de mayo, directivos de varias entidades decidieron convocar a José Luis Ulibarri en Valladolid, para tratar de buscar una solución al 'imperio del ladrillo' que se tambalea por falta de financiación.
Una semana después, el 12 de junio de 2009, Begar Construcciones y Contratas presentó concurso voluntario de acreedores ante el magistrado de lo Mercantil 1 de Valladolid. En octubre de 2009, el pasivo de la empresa alcanzaba los 245 millones de euros y el de acreedores (fontaneros, carpinteros, cementeras, electricistas, transportistas y otros proveedores) llegaba a 6.000. En un auto, el juez de lo Mercantil de Valladolid recogía que Begar debía a Hacienda 3,5 millones de euros y a la Seguridad Social, 2,3 millones.
Negocios en Diversas Comunidades Autónomas
Ulibarri no sólo hizo negocios en Castilla y León. También en Madrid, donde el Gobierno de Esperanza Aguirre le concedió contratos por un valor cercano a los 35 millones de euros, o en Valencia, que recibió de la Generalitat presidida por Francisco Camps la friolera de 13 canales de TDT. El Tribunal Supremo anuló esta concesión ante el “hedor” que desprendía la adjudicación, además de millonarios contratos de obras a tutiplén en las tres comunidades.
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Lo más grave de este asunto es que Cospedal, sabiendo que Ulibarri estaba imputado, le proporcionó el citado negocio de 34 millones de euros y le abrió las puertas para futuras concesiones en ayuntamientos gobernados por el PP, como así sucedió hace apenas cuatro meses.
El Negocio de los Geriátricos: Aralia
Uno de los grandes negocios del “Ciudadano Kane” leonés son los centros geriátricos, que explota bajo la marca Aralia, casi siempre a través de concesiones administrativas dirigidas por el PP, en distintas comunidades como Madrid (4), Castilla y León (11), Murcia, Aragón, Cantabria y Castilla La Mancha, éstas tres últimas cuando gobernaban los “populares”.
Cospedal le entregó un edificio construido y dotado con dinero público en el pueblo toledano de Mora, bajo gobierno del PP, para que lo explotara durante 10 años como residencia de mayores. Hace tan sólo cuatro meses, el ayuntamiento de Argés, localidad próxima a Toledo, firmó con el director de Aralia, Álvaro Durán, el contrato de concesión del servicio integral de explotación de la residencia de mayores, un inmueble con capacidad para 29 usuarios y en funcionamiento desde el año 2006.
El alcalde del PP, Jesús Guerrero, que lleva 25 años en el cargo, fijó la concesión para un periodo de 10 años, sabiendo perfectamente qué representa la empresa, quién es José Luis Ulibarri y por qué está imputado por supuestos delitos de corrupción. Pero eso, al PP toledano parece no importarle.
Estructura Empresarial de Aralia
Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A. es una empresa que gestiona en la actualidad una treintena de residencias y centros de día para mayores, dependientes y discapacitados, perteneciente al Grupo Elodea, propiedad del “empresario gürteliano” José Luis Ulibarri. Desde su imputación dejó de aparecer en el staff empresarial de Aralia en favor de su mujer, Milagros Fernández Alonso, y de su hijo, Enrique Ulibarri, ambos administradores de la empresa, cuyo apoderado y director no es otro que el citado Álvaro Durán, casado con una hija del magnate del ladrillo y responsable directo del negocio geriátrico.
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Implicación en la Trama Gürtel
Según la fiscalía, en enero de 2006, "José Luis Ulibarri destinó al menos 1.000.000 de euros del precio que evitó pagar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) a su distribución entre Francisco Correa (800.000 €), Pablo Crespo (90.000 €) y Tomás Martín Morales (110.000 €)" a cambio de adjudicarse una parcela a un precio por debajo del de mercado. La empresa UFC, de Ulibarri, levantó en esa parcela la urbanización Boadilla Park, 139 viviendas de lujo con piscina y pistas de pádel.
El juez José de la Mata le vincula mediante UFC con el pago de una comisión de un millón de euros a la trama de Francisco Correa, un hecho presuntamente cometido en Bobadilla del Monte (Madrid). El juicio por cohecho, prevaricación y fraude a las administraciones públicas está pendiente de celebrarse.
Los nueve años de investigación de este caso, con decenas de procesados, han dejado también al juez Baltasar Garzón condenado por las escuchas a abogados de la trama. Una denuncia que, paradójicamente, partió del letrado Ignacio Peláez, ya fallecido, abogado de José Luis Ulibarri.
Incursión en los Medios de Comunicación
A mediados de los 90, con Juan José Lucas como presidente de la Junta, el empresario recibió en un concurso público emisoras de radio en las principales ciudades de Castilla y León. Con ellas logró impulsar una cadena nacional (Punto Radio) al tiempo que comenzaba a poner en marcha la televisiva RTVCyL.
Entre los años 2010 y 2013, el Registro Mercantil Central situaba a Ulibarri Cormenzana como consejero en sociedades como Burgos Publicaciones S. A., Soriana de Ediciones S. A., Edigrup Producciones TV S. A., Radio Televisión de Castilla y León, Radio Publi, Promotora Editorial Berciana e Intermedia Press.
El Grupo Begar ha adquirido el 84,2% de las acciones del Diario de León, la totalidad del paquete accionarial que mantenía la Corporación Voz de Galicia en el rotativo leonés. Ulibarri valora el sector de medios de comunicación como uno de los activos más importantes del grupo empresarial que preside.
Esta trayectoria se refleja en la gestión en la actualidad de otros dos periódicos ( El Correo de Burgos y Diario de Soria), la Televisión de Castilla y León (integrada por 17 televisiones locales, entre las que se encuentran las de León y Ponferrada), la participación del grupo en ONO-nacional con un 3% y del 10% en la cadena Punto Radio, además de gestionar directamente en la comunidad autónoma quince emisoras.
Relaciones Políticas
Todos los presidentes de la comunidad autónoma (desde la época de Jesús Posada, pasando por Lucas o Herrera) han recibido en su despacho a este 'burgalés leonizado', con el que la administración regional ha contratado obras y servicios con algunas de sus empresas. Cuando no eran viviendas VPO, fueron tramos de carreteras.
Una de las virtudes que resaltan del constructor, de 63 años, es su apoyo en los peores momentos a sus más cercanos. Es el caso del palentino Antonio Alonso Burgos, quien fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) con el Gobierno de José María Aznar en 1996.
Tras revalidar en las generales de mayo del 2000, el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, nombró a Alonso director general de Carreteras. Sin embargo, el 11-M y la salida del PP del Gobierno en 2004 dejó fuera a Alonso y Ulibarri 'lo rescató' como adjunto a la presidencia de Begar hasta su quiebra en 2009.
En el listado facilitado a la administración concursal de la constructora figuraban decenas de empleados. Entre ellos, también Antonio Alonso Burgos, que sorprendió al administrador al reclamar al Fondo de Garantía Salarial 600 euros diarios, la nómina que tenía como directivo en la promotora.
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