En los últimos años, hemos sido testigos de una nueva tendencia en el ámbito político: el surgimiento del "emprendedor político". Es común encontrar individuos que están dispuestos a todo con tal de alcanzar el ansiado poder.
Este tipo de emprendedor político se caracteriza por su falta de ética y moral, utilizando tácticas manipuladoras, engañosas e incluso destructivas para alcanzar sus objetivos. Su único propósito es acumular poder y riqueza a expensas del bienestar general y la integridad institucional.
La falta de escrúpulos del emprendedor político se manifiesta en una serie de comportamientos desleales, utilizando el chantaje, la corrupción y las campañas difamatorias como herramientas para avanzar en su carrera.
La presencia del emprendedor político sin escrúpulos supone un grave riesgo para la estabilidad democrática y el bienestar social. Sus acciones erosionan la confianza partidaria y generan un clima tóxico donde prevalece la deshonestidad y la manipulación.
Teoría del Emprendimiento Político
Literatura reciente ha destacado la importancia de la propiedad del capital, la toma de decisiones y la asunción de incertidumbre en la teoría empresarial, destacando la teoría empresarial de Richard Cantillon, Frank Knight y Ludwig von Mises. Este trabajo trata de extender su análisis a un área relativamente poco desarrollada en economía: la teoría del “emprendimiento político”.
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Desarrollamos una teoría económica del emprendimiento político, una que demuestra que el emprendimiento político distorsiona la estructura de la producción, independientemente de la presencia de comportamientos antisociales, como la búsqueda de rentas.
Hay tres grandes ramas del pensamiento en la teoría del emprendimiento político que son relevantes para este trabajo. La primera se encuentra en la literatura de la elección pública.
Esta rama se ha centrado buena parte en los aspectos de búsqueda de rentas de la actividad política en perjuicio de la competencia a través de barreras legales de entrada, cabildeo y prácticas de intereses especiales, intermediación en la legislación, creación de coaliciones, etc.
La segunda rama se centra en el elemento emprendedor más que en el político y se basa en buena medida en la teoría empresarial de Israel Kirzner, que destaca la alerta y el descubrimiento como elementos clave en el comportamiento empresarial.
El emprendimiento del mercado es una metáfora para un elemento emprendedor que existe en todo comportamiento humano.
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El propósito de este trabajo no es criticar estas aproximaciones, aunque tengamos que hacer algunas precisiones de paso. Lo que nos importa es que mientras que hay conclusiones importantes en las literaturas antes mencionadas, tienden a ocuparse solo de las manifestaciones prácticas del comportamiento político y centrarse casi completamente en explorar los diversos métodos por los que los políticos redistribuyen riqueza a grupos favorecidos de interés.
Así, el “emprendimiento político” es normalmente una metáfora para la búsqueda de rentas y se usa para explicar cómo, en la práctica, políticos y beneficiarios políticos adquieren rentas a través de la percepción y explotación de oportunidades de búsqueda de rentas.
En la teoría del emprendimiento político se ha prestado relativamente poca atención a la teoría empresarial iniciada por Richard Cantillon y desarrollada por Frank Knight, Ludwig von Mises y otros, que destaca la propiedad, la toma de decisiones y la asunción de incertidumbre como los componentes principales de la actividad empresarial.
El propósito de este trabajo es explicar cómo existen estas características del emprendimiento en el ámbito político y por tanto en qué difiere el “emprendimiento político” del “emprendimiento voluntario” o “de mercado”.
Es importante señalar que no estamos sencillamente buscando una nueva definición del emprendimiento político, sino una función específica dentro del estado. Y aunque nuestra aproximación tiene implicaciones para investigaciones futuras, queremos destacar que este trabajo es un intento exploratorio de proporcionar una nueva teoría del emprendimiento político y no la última palabra sobre el tema.
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Teoría del Emprendedor y Distribución de Rentas
La teoría del emprendedor es una rama del campo más amplio de la teoría de la distribución de rentas, que trata de explicar los distintos retornos por rentas para diversas funciones económicas. La teoría de las rentas puede dividirse en tres grandes categorías: la teoría de los salarios, el interés sobre el capital y el beneficio empresarial.
Este trabajo trata la renta del empresario y cómo se relaciona con la esfera política su función económica y categoría de rentas. Lo que nos preocupa son las siguientes características del emprendimiento: propiedad, dirección de recursos escasos a través de la producción para la satisfacción futura de deseos del consumidor y asunción de incertidumbre.
Demostraremos que la idea adecuada del emprendimiento en teoría económica tiene una función análoga en la esfera de las funciones públicas; es decir, en la esfera de los intercambios económicos coactivos socialmente organizados.
Dicho de otra manera, para responder a la pregunta “¿Qué es emprendimiento político?” podríamos también preguntar “¿Quiénes son los emprendedores políticos?”.
Parece razonable describir como “emprendedores políticos” a aquellas personas que en la esfera política llevan a cabo la misma función u otra similar de la que desempeñan los emprendedores en la economía de libre mercado.
Más en concreto, la función del emprendimiento político consiste en la dirección de recursos coactivamente obtenidos por el estado hacia procesos de producción que no habrían tenido lugar en otro caso.
Justificaremos esta explicación en las siguientes secciones de este trabajo. Por ahora, únicamente queremos señalar que el emprendimiento político es capaz de generar beneficios y pérdidas, dependiendo de la capacidad del emprendedor político de prever anticipadamente condiciones futuras del mercado.
Propiedad y Control en el Ámbito Político
El emprendedor es ante todo un propietario (concretamente de bienes de capital). De un actor que ejercita el control último sobre los recursos se puede decir que los posee sentido económico. Así que aparece la pregunta: ¿existe la propiedad económica dentro del gobierno?
El gobierno se define como “una organización con una ventaja comparativa en violencia, que se extiende por un área geográfica cuyos límites están determinados por su poder para gravar a sus habitantes”.
Puede darse el caso de que dentro del aparato estatal haya personas que ejerciten el control último y sean por tanto propietarios. Todos los recursos usados por el estado deben en último término estar bajo la dirección de alguna persona o grupo.
En la práctica, el entorno administrativo y legislativo de un estado concreto (por ejemplo, democracia pura, monarquía constitucional, etc.) determinará quién o quiénes son los propietarios últimos del recurso. Este es un problema empírico abierto que puede variar en cada caso y también a lo largo del tiempo dentro de un estado concreto.
Posteriormente examinaremos ejemplos de propiedad política. Ahora mismo solo queremos repetir que los propietarios estatales no financian su propiedad; es decir, aunque sí adquieren recursos sobre los cuales ejercitan el control último y que son por tanto económicamente hablando propiedad del estado, estos recursos deben obtenerse antes coactivamente del público.
Los recursos apropiados por el estado no se adquieren especifica e inmediatamente por el consentimiento de los propietarios originales. Si fuera así, se proporcionarían voluntariamente al estado y no se tomarían por la fuerza.
El emprendedor acumula rentas a través de su control y dirección de los factores de producción. La diferencia entre los propietarios del mercado y los propietarios del gobierno es el método de financiación.
Mientras que los emprendedores del mercado se dedican al intercambio, el ahorro, etc. voluntariamente para crear su suministro de bienes de capital, las acciones del gobierno están financiadas a través de métodos completamente obligatorios. Esto resultará un punto crucial a la hora de distinguir a los empresarios del mercado de los políticos y se explicará con más detalle más adelante.
Al explicar la propiedad, es importante señalar las diferencias entre control último y control delegado. En esto consiste, en buena medida, la distinción realizada por Ludwig von Mises entre “emprendedores” y “gestores”: aunque los gestores puedan ejercitar cierto control, en último término están sometidos a las órdenes de los emprendedores y por tanto no son propietarios.
Pongamos un ejemplo, imaginemos un déspota local, un ejemplo extremo de control último. A través de su monopolio del uso de la fuerza, este déspota apoya su gobierno a través de impuestos y por tanto posee los recursos contenidos dentro de su territorio y puede hacer con ellos lo que desee.
Puede delegar autoridad en diversos cargos oficiales que se ocuparían de los asuntos habituales del estado. Pero, aunque estos cargos oficiales (gestores) tomen muchas decisiones sin consultar al déspota, este siempre puede rechazarlas porque tiene un poder que supera a todos los demás.
Inversión y Renta en el Emprendimiento Político
Ahora debemos examinar si es posible que el emprendedor político “invierta” en cualquier sentido comparable a un emprendedor del mercado y por tanto que adquiera una renta. Los emprendedores del mercado se dedican a la constante redisposición de los procesos de producción a través de la dirección de recursos escasos.
Este es el aspecto de toma de decisiones del comportamiento emprendedor: elegir entre oportunidades alternativas de producción. Debemos por tanto investigar si los emprendedores políticos pueden disponer los recursos de una manera similar y, si es así, qué renta puede derivar de este comportamiento.
Si al emprendedor político no le es posible invertir, no puede haber ninguna posibilidad de una renta emprendedora o una función emprendedora en el sentido en el que la definimos. Todos los fondos apropiados tendrían que considerarse consumo y por tanto simple redistribución, sin que requiera ningún tratamiento especial más allá de la literatura ordinaria.
Con respecto a la inversión, hay ambigüedades en la teoría del gasto público que requieren aclaración. Respecto de los gastos de transferencia realizados por el gobierno (incluyendo los salarios de los funcionarios y las subvenciones a grupos privilegiados), es verdad que parte de estos pueden ahorrarse e invertirse.
Sin embargo, estas inversiones no representarán los deseos voluntarios de consumidores, sino más bien inversiones en campos de producción no deseados por los consumidores productores. Representan los deseos, no de los consumidores productores en el mercado libre, sino de los consumidores explotadores alimentados por la coacción unilateral del estado. Las nuevas inversiones reclamadas por las demandas de los especialmente privilegiados resultarán ser malas inversiones.
La fricción o antagonismo entre la esfera privada y la pública se intensificó desde el principio por el hecho de que el estado ha estado viviendo de unos ingresos que se han producido en la esfera privada para fines privados tenían que desviarse para estos fines mediante fuerza política.
Sin embargo, esto no demuestra que la inversión pública no sea producción como tal, sino más bien que la inversión pública es distinta del patrón inversión que habría tenido lugar en un mercado sin restricciones. Aun así, esas diferencias no afectan al estatus de las inversiones en el sentido de producción que consume tiempo.
La inversión del gobierno es sencillamente distinta de la inversión del mercado y por tanto no está directamente acuerdo con los deseos de los consumidores. Como consecuencia de la inversión pública, la llamada “estructura de producción” no se alarga por tanto de forma sostenible, sino que en su lugar se altera radicalmente.
Si el término “inversión” significa, como pasa con Rothbard, que se refiere a la producción dirigida por el consumidor, entonces el gasto público nunca puede ser considerado inversión ex ante, aunque ex post podría resultar ser utilizada de una manera que los consumidores encuentren beneficiosa. Si destacamos el punto de referencia ex ante, entonces tal vez debería acuñarse otro término para la actividad del gobierno similar a la inversión.
Dada la limitación de los argumentos contrarios en esta literatura, concluimos que los gobiernos pueden dedicarse a actividades de inversión, en el sentido de que los estados pueden embarcarse en procesos que consumen tiempo de producción y que generan necesariamente resultados inciertos. La probabilidad exacta de que dichos procesos tengan realmente el efecto pretendido es un asunto distinto.
Lo que importa para nuestro argumento es que puede haber inversión sensata por parte del gobierno, llevada a cabo por los poseedores de los recursos políticos. Frente a la teoría de Rothbard, sería más apropiado hablar de “producción pública” como el complemento a la “producción del mercado”.
Esta terminología incorpora los medios de apropiación (coactivos o voluntarios) y también evita retorcer las definiciones de “capital” e “inversión” para que signifiquen solo “aquellas cosas producidas en mercados no regulados”.
Como propietarios, los emprendedores del mercado dedican sus recursos a procesos que consumen tiempo de producción en un intento de prever los deseos futuros de los consumidores, con el fin de obtener un beneficio. Sin embargo, en la arena política no existe ese propósito fácilmente identificable al que se dedican los recursos.
Como el mantenimiento de los valores de capital y el uso del cálculo económico están al menos parcialmente ausentes del proceso de toma de decisiones del estado, no hay un fin inmediato y necesario que sea atribuible a actores políticos (por ejemplo, obtener beneficios monetarios o incluso ser reelegido). Todo lo que sabemos con certeza es que la búsqueda de utilidad es una característica necesaria de toda acción humana.
Hagamos un resumen usando el ejemplo del déspota. Este afronta una decisión entre usar sus recursos para la producción o el consumo. Supongamos que decide construir un mercado para sus súbditos, lo mejor para consolidar el comercio y aumentar el ingreso fiscal. Está claro que esta actividad es producción, porque el déspota recibe poco beneficio de consumo mejorando las condiciones de sus súbditos.
Solo si el mercado genera los beneficios esperados aumentará el bienestar del déspota. Por desgracia, los efectos exactos de la inversión pública son difíciles de desentrañar. En este ejemplo, los contribuyentes han experimentado una disminución del bienestar a través de los impuestos.
Pero estos mismos contribuyentes podrían disfrutar de un mayor bienestar si el nuevo mercado resulta ser más útil que el anterior. Esto nos lleva a la tercera característica del emprendimiento: la asunción de incertidumbre.
El empresario del mercado es un propietario y por tanto cuando compromete su propiedad de un proceso de producción asume necesariamente incertidumbre en un intento de prever la constelación futura de demanda del consumidor. Si su juicio acerca del futuro es correcto, puede obtener beneficios y, si no, incurrir en pérdidas.
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